Las reclusas de la mayor cárcel de mujeres de Honduras llevaban semanas quejándose de que las integrantes de una pandilla las estaban amenazando. La banda cumplió este martes con esas amenazas y asesinó a 41 mujeres, muchas quemadas, tiroteadas o apuñaladas.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo que el motín en Támara, a unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, fue planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad.
Castro se comprometió a tomar medidas drásticas, pero, no explicó cómo las reclusas identificadas como miembros de la pandilla Barrio 18 pudieron introducir armas y machetes en la prisión, o desplazarse libremente a un bloque de celdas contiguo y cometer la matanza.
Los videos difundidos por el gobierno desde el interior de la prisión mostraban varias pistolas, muchos machetes y otras armas blancas encontradas tras el motín.
Sandra Rodríguez, comisionada adjunta ante la Comisión Interventora de Centros Penales, dijo que las atacantes desalojaron a los guardias del centro, ninguno parecía haber resultado herido, y abrieron las puertas de un bloque de celdas contiguo y comenzaron a asesinar a las internas.
También, provocaron un incendio que dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y los catres reducidos a montones de metal.
Al menos, siete reclusas son atendidas en un hospital de Tegucigalpa por heridas de bala y arma blanca, según informaron las autoridades del Hospital Escuela.
Parecía una tragedia anunciada, según Johanna Paola Soriano Euceda, que esperaba fuera de la morgue de Tegucigalpa noticias sobre su madre, Maribel Euceda, y su hermana, Karla Soriano.
Ambas estaban siendo juzgadas por tráfico de drogas, pero, estaban recluidas en la misma zona que las presas condenadas.
Soriano Euceda relató que su madre le había dicho el domingo por teléfono que “estaban regadas las muchachas (integrantes de Barrio 18), que viven peleando con ellas y de ahí no volvimos a hablar”.
Otra mujer, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo que esperaba noticias sobre una amiga, Alejandra Martínez, de 26 años, recluida en el módulo uno y acusada por robo.
“Ella me contó el domingo, la última vez que la vi, que las del Barrio 18 las tenía amenazadas y que si no entregaban a un familiar, las iban a matar a ellas”, relató.
En ocasiones, las bandas exigen a sus víctimas que entreguen a un amigo o pariente, dándoles su nombre, dirección y descripción, para que los pandilleros puedan encontrarlos más tarde y secuestrarlo, robarlo o matarlo.
Los funcionarios describieron los asesinatos como un “acto terrorista”, pero, también reconocieron que las bandas habían dominado esencialmente algunas partes de la prisión.
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad y responsable de las cárceles, sugirió que el motín se inició en respuesta a las acciones del gobierno para liberar a las cárceles del poder del crimen organizado y aseguró que “no van a permitir bajo ningún punto el ataque o el sabotaje” por parte de la “criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de este país”.
El motín parece ser la peor tragedia en un centro de detención de mujeres en América Central desde 2017, cuando 41 niñas de un refugio para jóvenes con problemas de Guatemala murieron después de prender fuego a colchones para protestar por las violaciones y otros malos tratos que sufrían en esa institución.
