Esta semana entró a regir el reglamento de la Ley 10.066, que regula el uso de vapeadores en sitios públicos como bares, discotecas, restaurantes, hoteles, instalaciones deportivas y sitios donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas de cualquier tipo.
Según indica el reglamento publicado este año, se sancionará con un 15% del salario base que devenga un oficinista del Poder Judicial, es decir, ¢69.300, quienes no dispongan con el rótulo de “Prohibido fumar”, acompañado de la nueva directriz.
Se calcula que este año podría finalizar con 3.500 casos de personas con trastornos asociados al vapeo. En 2021 se reportaron 13 casos, en 2022 la cifra se disparó a 78 y, en 2023 a 1.456, indica el Área de Estadística en Salud de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se estima que las consultas por el mismo motivo en la CCSS podrían alcanzar las 3.500 este 2024.
Las personas afectadas en su mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años, con un predominio del sexo masculino, según se desprende de información dada a conocer este miércoles 30 de octubre en el Marco del Congreso Médico Nacional.
