Una de las primeras acciones ejecutivas de Donald Trump tras asumir la presidencia de Estados Unidos fue designar a la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13 como organización terrorista extranjera.
Esta decisión estuvo acompañada de una declaración de emergencia nacional, justificando que la MS-13 y otras organizaciones criminales, como los carteles de la droga, representan “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”.
Pero, ¿qué implicaciones reales tiene esta designación para la MS-13?, ¿Cómo afecta a una estructura que ya ha sido considerablemente debilitada en El Salvador, donde el régimen de excepción ha llevado a una masiva desarticulación de sus operaciones?
Para analistas consultados, la designación permite principalmente llevar a cabo acciones militares, políticas y económicas contra los miembros de la Mara Salvatrucha, así como contra sus socios y cómplices fuera del territorio estadounidense.
“Con esta designación, el señor Trump puede actuar extraterritorialmente contra los intereses de la MS-13 fuera de Estados Unidos, contra sus estructuras, contra quienes se han asociado, quienes les han apoyado o siguen apoyando”, explicó el politólogo, Napoleón Campos, quien recordó que ha sido de esa forma como Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares en Asia, Oriente Medio o África contra organizaciones declaradas terroristas.
Aunque la designación le permite a las autoridades estadounidenses actuar fuera de su territorio, la diferencia con otras medidas aplicadas en el pasado es que ahora los oficiales podrán actuar con menos restricciones.
Lo primero que dicta la orden de Trump es “invocar la Ley de Enemigos Extranjeros” en contra de la MS-13. Esta ley le otorga al presidente la autoridad para tomar medidas más severas contra personas u organizaciones identificadas como enemigos en tiempos de guerra o emergencia nacional.
En este caso, incluir a la Mara Salvatrucha en la ley otorgaría al gobierno un marco legal más sólido para confiscar los bienes de cualquier individuo relacionado con la pandilla.
Además, dentro de Estados Unidos se facilitaría la deportación inmediata de sus miembros o personas sospechosas de asociación.
Fuente Voz de América
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