Hoy lunes inició el juicio contra trece presuntos responsables del descarrilamiento del sueño de construir una carretera de 160 kilómetros en la Frontera con Nicaragua, el cual terminó en el acto de corrupción más sonado del gobierno de Laura Chinchilla.
Fue en el año 2010, cuando la entonces presidenta de la republica Laura Chinchilla dio luz verde a la construcción de la Ruta Nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras, la cual recorrería 160 kilómetros a lo largo de la frontera con Nicaragua, motivados por la invasión militar de Daniel Ortega a Isla Calero.
Tras dos años de trabajos, las obras se suspendieron en el 2012, con una inversión superior a los 20 mil millones de colones. Fue la propia presidente Chinchilla la que denunció que funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) habían recibido dádivas de empresarios.
Hasta hoy solo se cuenta con una sentencia del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela que ordenó en mayo del 2022 al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), que en un plazo no mayor a seis meses, eliminara los canales y rellenos que afectaron los ecosistemas de humedales, durante la construcción de la Ruta Nacional 1856, acción que tampoco se ha cumplido.
Fiscalía sentó en el banquillo 13 personas
Hoy lunes en un debate oral y público a partir de las 8:00 de la mañana el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública con sede en Goicochea, sentó en el banquillo a 13 presuntos responsables del sonado caso de la trocha fronteriza.
La Fiscalía adjunta de probidad transparencia y anticorrupción es quién tiene como imputados a las siguientes personas: Carlo Acosta Monje ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado, encargados de supervisión de los trabajos. También se acusa a 5 empresarios de apellidos: Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos y Méndez Méndez, 3 particulares que simularon ser supervisores, de apellidos Mesen Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes y también se acusa a dos mujeres casadas con imputados de apellidos Alvarado Víquez y Morera Fernández.
