El Ministerio de Educación Pública (MEP) lograría en 2023, un ahorro de más de ¢600 millones al rescindir 60 contratos de alquiler de las supervisiones educativas, cuyas operaciones se mudarán a centros educativos y oficinas regionales.
El Gobierno decidió disminuir los contratos de alquiler de las oficinas regionales y administrativas para redireccionar esos fondos a la atención de órdenes sanitarias o recursos de amparo en centros educativos, así como apoyar escuelas y colegios con proyectos de infraestructura en ejecución.
El traslado progresivo se inició a mediados de setiembre de este año y finalizará en febrero 2023, según circular DM-0053-09-2022, donde se instruyó a los supervisores de circuito identificar lugares para que la administración realizara la notificación a los arrendatarios.
Sofía Ramírez, Viceministra Administrativa del MEP, dijo el objetivo de disminuir alquileres en el sector educación busca eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Ramírez González reiteró que son un total de 60 supervisiones educativas en todo el país las que rescindieron o están por rescindir los contratos de alquiler en las próximas semanas.
