Alfredo Córdoba Soro, exalcalde de San Carlos, actuó como funcionario de hecho a su regreso al Gobierno Local, en mayo de 2022, ya que solo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podía quitarle su investidura.
Así lo resolvió la Procuraduría General de la República (PGR) al responder una consulta efectuada por los regidores sancarleños el 23 de enero de este año, en relación sobre si Córdoba podía considerarse bajo esta figura cuando volvió al cargo, pese a que, para ese entonces, estaba inhabilitado por una sentencia condenatoria en firme.
“Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, tratándose de un Alcalde municipal, condenado por sentencia firme a la pena de inhabilitación, el funcionario no pierde su credencial y, por tanto, su investidura, hasta que el Tribunal Supremo de Elecciones la cancele”, indica la resolución.
El documento de seis páginas, firmado por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Director, y del cual este medio de comunicación tiene copia, agrega que todo lo actuado por Córdoba está protegido por la presunción de validez.
“En el tanto se dicte la respectiva cancelación de credencial por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, el respectivo alcalde sigue actuando en el ejercicio de sus competencias y sus actos están protegidos por la presunción de validez”, explica la Procuraduría al Concejo Municipal.
En otras palabras, las actuaciones de don Alfredo serían inválidas solo a partir de que el TSE le retirara su investidura como Alcalde.
“Una vez retirada la investidura de un alcalde, previa cancelación de credenciales por inhabilitación impuesta por un tribunal penal, sus actos son inválidos y no es procedente reputar sus actuaciones como las de un funcionario de hecho. Esto en el tanto, para ese momento, ya se ha emitido un acto administrativo declarativo retirándole la credencial”, concluye el mismo informe.
El liberacionista regresó el 24 de mayo a su cargo de Alcalde de San Carlos, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda lo liberara de la medida cautelar que lo mantuvo separado de sus funciones durante seis meses por presunta corrupción en contratos de obras cantonales, que lo vinculan al caso Diamante.
Su destitución se dio luego de que Karol Salas, actual Alcaldesa, presentara una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que al final resolvió separar del cargo a Córdoba, en cumplimiento de una sentencia del 14 de julio el 2022.
Comisión Especial de Nulidades
La condenatoria en firme inhabilitó a Córdoba para ejercer cargos públicos, quien retomó funciones después de que el Tribunal Penal de Hacienda le levantara la medida cautelar por el caso Diamante, aunque para ese entonces aún estaba inhabilitado por una sentencia por el delito de nombramientos ilegales.
La Alcaldesa Salas Vargas estableció una Comisión Especial de Nulidades porque desde su punto de vista, lo actuado por el verdiblanco estaba viciado. Dicha Comisión fue disuelta en diciembre del año pasado, supo este medio.
Una fuente cercana a La Región informó esta tarde que más del 90% de los casos donde el exalcalde había actuado se resolvieron en diciembre y ninguno de ellos se anuló, por lo que el pronunciamiento de la Procuraduría se aplicaría para los pendientes, acogiéndolos como se establece.
