Christopher Quesada López
Abogado – Asesor Legislativo
Existe consenso sobre la necesidad de modificar el cobro del marchamo, regulado en una ley desactualizada e injusta, del año 1987. Dentro de los objetivos de esta nueva ley deben estar: mantener el equilibrio de las finanzas del país y lograr mayor justicia en el pago de este impuesto.
Esto requiere de políticos que se guíen por el realismo y la responsabilidad con las finanzas públicas y de una ley que se elabore con precisión quirúrgica para lograr mayor solidaridad de quienes tienen mayor poder adquisitivo.
Lamentablemente, parece que estas no son las premisas del proyecto N° 23.447 de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP). Algunas dudas al respecto son:
¿Por qué el PLP privilegia a las personas que tienen los automóviles más caros del país? A modo de ejemplo: un auto Tesla, sedan, modelo 3, para 5 personas, del año 2022, pagaría un marchamo de ₡960.000 en lugar de ₡1.545.000 que paga con la ley vigente. El ahorro es de ₡585.000, aunque solo 65 personas poseen esta marca (0.0004% de la flotilla). Por más que se sostenga que quienes pagan menos marchamo reciben un porcentaje mayor de descuento, lo cierto es que quien puede comprar carros más caros se va a ahorrar un monto mayor, aunque pueda pagar más. Las personas dueñas de carros modestos, de mayor antigüedad y quienes usan su carro para trabajar, lo que ocupan es más plata en efectivo para comprar el diario, precisamente la plata que le va a quedar al dueño que puede comprar el carro último modelo. Las matemáticas no bastan para elaborar una ley, también se requiere entender de qué se trata la justicia y la solidaridad.
¿Por qué el proyecto del PLP premia con una rebaja adicional sólo a los modelos más nuevos y a los vehículos eléctricos? Para beneficiar a las personas que pueden comprar carros de 6 años, o menos, de antigüedad (8% de la flotilla vehicular), incluidas las “Toyotonas” y cualquier otro semejante con capacidad para 8 pasajeros, el PLP deja sin rebajas de este tipo al 92% de la flotilla (1 073 980 carros), donde están los carros de agricultores, porteadores y de la mayoría de las familias costarricenses.
¿Por qué el PLP instrumentaliza la preocupación por las emisiones del transporte y por la infraestructura vial, para justificar las rebajas? El PLP aduce que los carros premiados contaminan y dañan menos las carreteras, sin embargo, esta fracción no ha promovido el uso de buses eléctricos en el transporte público, que es el sector donde todos los estudios indican que se requiere intervenir, para reducir emisiones de manera significativa. No es con los carros de agricultores y con los de la clase media y media baja, que se debe hacer política contra las emisiones.
Si realmente quisieran que la flotilla vehicular tenga menos carros de combustión y más eléctricos, buscarían que las exoneraciones de impuestos que gozan estos últimos, se conviertan en rebajas en el precio al consumidor final, para que más personas puedan comprar estos carros. No es ayudando más a quienes ya pueden comprar carros eléctricos, como se logrará esa transición.
Tampoco es creíble la preocupación por la calidad de la infraestructura vial, ya que no han promovido salidas estructurales, como un tren eléctrico de carga, por ejemplo.
¿Por qué el PLP propone gastar los ahorros que el país necesita para salir de la crisis económica? La crisis permite deslegitimar el papel del Estado, promover la privatización de sus servicios e impulsar la desregulación del mercado laboral privado. Por eso es que, desde el dogma de quienes quieren un Estado y un sector público reducido a su mínima expresión, proponen que las pérdidas por ₡118.000mills de colones que produciría su proyecto al país, solo en el primer año, se tomen de los ahorros que el país se comprometió a lograr con el FMI para salir de la crisis fiscal. Incumplir esa meta impide que el país reciba préstamos baratos para el pago de nuestra deuda cara, provoca más recortes al presupuesto público, el congelamiento de salarios públicos por más tiempo, impide al Estado invertir en mejoras de servicios y reactivación económica y prolongaría la crisis de empleo en el sector privado.
Estas son las opciones ideológicas de un partido que busca implantar políticas de libre mercado y que reniega de la solidaridad y del principio cristiano de justicia social de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, pero esta no es la única manera de abordar este problema.
Con el proyecto 23.444, el Tesla del ejemplo pagaría ₡2.080.146. Este proyecto sí logra que las personas con recursos para comprar carros de “alta gama” (8% de la flotilla vehicular) aporten más impuestos al país.
A las personas que conforman el grupo mayoritario de propietarios (92%), les otorga una rebaja generalizada en el pago del marchamo en comparación con la ley actual, que beneficiaría a personas con carros que cuestan menos de ₡8mills.
En cuanto a la responsabilidad con la economía del país, plantea: 1) que el valor del carro se reduzca hasta en un 91%, para reducir también el monto a pagar por el marchamo, pero que en los primeros 5 años se aplique el 50% de esa rebaja y 2) una amnistía para pago de marchamos vencidos, que permitiría recuperar la mayor parte de la pérdida de impuestos que produce este proyecto (₡27.000mills). De esta manera logra una reducción realista del impuesto, a la vez que pone a salvo las finanzas del país.
Ojalá en esta oportunidad gane la sensatez, de manera que se le dé una solución justa y equilibrada tanto las personas como al país.
