Los principales se relacionan con la ausencia de estudios técnicos y la exclusión de la opinión del sector para la elaboración del proyecto, otros sectores que se verían afectados son caña, arroz y parte importante de la producción cítrica.
La Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) expresaron su oposición al proyecto N.° 23.697, Ley para Regular la Fumigación Aérea, argumentando que amenaza la estabilidad de la producción bananera, ya que la propuesta de Ley carece de estudios técnicos suficientes, especialmente en lo referente al radio de aplicación.
Inicialmente, el proyecto prohibía un área de fumigación de 3 km de radio, que luego fue reducido a 1 km. Esto equivale a 314 hectáreas de cultivo, aunque el sector advierte que la afectación podría ser mayor si las zonas restringidas abarcan varias fincas o plantaciones al mismo tiempo.
Ambas organizaciones aseguran que la decisión afectaría de forma directa al sector agropecuario del país y en particular a la producción de banano, que es la principal actividad económica de la provincia de Limón y genera el 83 % del empleo en la zona Huetar Caribe.
Adicionalmente, el sector productivo denuncia que en ningún momento se le consultó acerca de este proyecto y mucho menos se les convocó a audiencia, como si se hizo con grupos ambientalistas y Municipalidades.
“¿Dónde queda el principio fundamental de la democracia de garantizar la participación y representación de todos los sectores afectados por decisiones legislativas? ¿Cuándo nos convocó la Comisión de Ambiente para escucharnos, conocer nuestra opinión y entender el impacto de este proyecto al sector bananero, así como las soluciones que podríamos aportar? La aprobación de esta Ley afectaría al 100 % de los productores de banano, generando graves consecuencias para la economía nacional con el cierre de varias empresas” dijo, Jorge Cartín, director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA).
Aunado a esto, el 23 de septiembre de 2023, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), organización referente del sector agropecuario, remitió un oficio con observaciones y comentarios sobre el proyecto de ley en cuestión. Sin embargo, dichas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta al elaborar el informe de la Subcomisión.
Entre las observaciones señaladas, destacaron los estudios técnicos y científicos realizados en Costa Rica por la Comisión Asesora para el Control de Regulación de Actividades de la Aviación Agrícola, quién es la encargada de garantizar el cumplimiento del reglamento para estas actividades.
Estos estudios demuestran que, bajo condiciones controladas, como un tamaño adecuado de las gotas, velocidad del viento regulada y altura óptima de aplicación, la deriva, es decir, el movimiento involuntario de un producto fuera de su objetivo durante la aplicación no excedería los 26 metros a la redonda y en el caso de aeronaves de ala fija y 5 metros cuando se utilizan drones.
Está Comisión está conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consejo de Aviación Civil, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Colegio de Ingenieros Agrónomos, compañías de aviación agrícola y la CNAA.
“Esta medida no toma en cuenta estudios técnicos ni las condiciones específicas de nuestro sector, lo que podría afectar gravemente la producción agrícola del país y poner en riesgo la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales. Es indispensable que cualquier regulación esté basada en evidencia científica y contemple un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad económica del sector agro” dijo Oscar Arias, presidente de la CNAA.
También destacaron que no se consideró la posición del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ente competente en materia de registro y aplicación de agroquímicos, el cual manifestó su oposición el año anterior a dicho proyecto de Ley por carecer de sustento técnico y científico.
Cartín, ejemplificó la afectación a nivel de campo que podría tener esta distancia propuesta.
“El proyecto establece que, en un radio de 1 km alrededor de puntos como escuelas, Ebais e iglesias, no podrá pasar un avión fumigador. Para dimensionar el impacto en la actividad bananera, imaginemos lo siguiente: si tomamos la Asamblea Legislativa como punto central, suponiendo que es un centro de población, ese kilómetro abarcaría aproximadamente un perímetro desde el edificio del Banco Central de Costa Rica hasta el edificio Urban en Escalante. Esa distancia no se podría fumigar por vía aérea, lo que obligaría a las fincas a recurrir a otras técnicas de fumigación, las cuales no serían rentables y podrían llevarlas a la quiebra, generando un fuerte impacto socioeconómico, no solo en la provincia, sino en todo el país” explicó, el director de ASA.
Otros sectores que se verían afectados son la caña, el arroz y parte importante de la producción cítrica.
