En un comunicado de prensa la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) considera que la reforma presentada por el Ministerio de Salud donde propone un análisis de riesgo ante la posible presencia de sustancias químicas en el agua es un paso significativo hacia la adopción de criterios técnicos que respalden la toma de decisiones.
La propuesta sugiere establecer un Valor Máximo Admisible Ajustado por Riesgo (VMAAR) al alcanzar una concentración máxima de plaguicidas en el agua potable según la normativa actual. El análisis permite establecer este valor considerando factores de protección para adultos y niños, datos toxicológicos, bioacumulación y posibles efectos en la salud derivados de exposiciones prolongadas.
“Para el sector agrícola es de suma importancia que se realicen estos análisis de riesgo que, con respaldo técnico y científico, determinen si la presencia de un plaguicida en el agua representa un peligro para la salud o si su consumo es seguro, evitando decisiones precipitadas o basadas en ideologías” señaló, Jorge Cartín, director de ASA.
El Reglamento de Calidad de Agua Potable vigente en el país desde el 2015, fija un límite máximo de 0,1 microgramos por litro (μg/L) de plaguicidas en agua potable. Sin embargo, expertos y representantes del sector agrícola aseguran que esta normativa es una copia de la regulación europea y carece de criterios técnicos que respalden los valores establecidos.
En años anteriores, diversas instituciones y profesionales han señalado la necesidad de revisar la normativa actual. Uno de ellos es el Colegio de Químicos, quienes expresaron que este reglamento, al adoptar criterios internacionales, no se ajusta adecuadamente a la realidad tropical de Costa Rica, además de no incluir factores importantes para el uso de plaguicidas, como la incidencia de plagas, los tipos de suelos, las condiciones ambientales y meteorológicas, entre otros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha señalado que los enfoques efectivos en una región no siempre son aplicables a otras. Por ello, menciona la importancia de que cada país desarrolle un marco reglamentario adaptado a sus necesidades y capacidades específicas.
“Aunque el Reglamento aún no ha sido revisado y no se buscan cambiar los valores establecidos, el simple hecho de considerar un análisis de riesgo es un avance alentador. Este gran paso no
solo garantiza la protección de la salud de los costarricenses, sino que también evita la prohibición de productos sin fundamentos técnicos ni científicos, como sucedió en el caso del clorotalonil” dijo Cartín.
Los análisis de riesgo se realizarán con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) u otras instituciones de relevancia técnica nacional o internacional referentes a salud pública.
