Diana Corrales, regidora del partido Acción Ciudadana (PAC), pidió ayuda a la Alcaldesa de San Carlos, Karol Salas, para contar con los argumentos jurídicos precisos, aceptando que el Concejo Municipal de este cantón viene cayendo en imprecisiones en los acuerdos por una deficiente asesoría legal.
Con un mensaje conciliador, la regidora Corrales explicó en la última sesión del 2022 que, en muchas ocasiones, las mociones son redactadas con los argumentos emitidos por la asesora legal del Concejo, la Licda. Alejandra Bustamante, y luego se demuestra que no estaban ajustados a derecho.
Incluso, Diana Corrales fue más allá, al indicar que ellos, los regidores, no tienen competencia para sancionarla porque, por jerarquía, la abogada Bustamante depende de la jefa del Departamento Legal, la Licda. Gabriela González, quien es la asesora legal de la administración.
El caso en discusión durante esa sesión fue el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos para la contratación de profesionales que funjan como el Órgano Externo, para que analice los supuestos casos de acoso laboral en el Gobierno Local, que se le achacan a Karol Salas Vargas.
Este acuerdo había sido vetado por la alcaldesa y se elevó al Tribunal Contencioso Administrativo, donde se aclaró que la contratación es competencia de la administración y la Secretaria y asesora legal, únicamente, coordinarán por parte del Concejo para que el proceso se realice.
Karol Salas también había vetado un acuerdo sobre el caso Presbere, el cual fue admitido por los regidores y más, recientemente, vetó el cuerdo que pretende ampliar la prescripción para el caso de acoso laboral.
Este último caso también fue elevado por los regidores al Contencioso Administrativo para que resuelva.
