¡Con plata nadie va a la cárcel! Esa podría ser la frase que se le aplica a la decisión de ocho de los nueve regidores municipales de San Carlos, quienes acordaron conciliar ¨delitos de cuello blanco¨ (nombre que se le da a aquellos que se cometen contra la hacienda pública) y donde están involucrados funcionarios municipales y empresarios del cantón de este cantón.
El caso se remonta al año 2010, hace 15 años ya, cuando a raíz de una denuncia presentada por el exregidor, Carlos Corella, ante la Contraloría General de la República, expuso que “Excavaciones Campos Zamora S.A.” utilizó la empresa “Transportes Cruzco S.A.” como una pantalla para desviar fondos municipales y donde el municipio se habría visto perjudicado por un monto de 108 millones de colones, luego de que exfuncionarios favorecieran a familiares con recursos municipales.
La causa, registrada bajo el expediente 23-000029-0951-PE, se centra en presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas, que habrían favorecido a familiares de la entonces coordinadora de Proveeduría Municipal, Jennifer Campos Zamora.
El pasado 27 de marzo dio inicio el juicio por presunto peculado contra exfuncionarios de la Municipalidad de San Carlos y empresarios, en el Tribunal de Justicia del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. Ahí testificarán funcionarios municipales y denunciantes.
Dos empresarios y tres funcionarios involucrados
Por este caso se imputaron a dos empresarios: Oscar Campos Cordero y Donald Cruz Araya, a quienes se les acusó de beneficiarse con más de 108 millones de colones en contratos municipales entre 2008 y 2010.
Fue el exregidor Carlos Corella quien se encargó de poner la denuncia ante la Contraloría General de la República, ahí expuso que Excavaciones Campos Zamora S.A.” utilizó la empresa “Transportes Cruzco S.A.” como una pantalla para desviar fondos municipales.
En ese entonces se indicó que Transportes Cruzco S.A.” no tenía maquinaria propia ni permisos de subcontratación, pero ganó las licitaciones mientras “Excavaciones Campos Zamora” ejecutaba las obras.
Regidores en el 2015 habían rechazado negociar
Conociendo al parecer una inminente condena, algunos imputados intentaron negociar en el 2015 con la Municipalidad de San Carlos para evitar el juicio los empresarios propusieron un pago de 30 millones como compensación, pero , pero contrario a lo actuado el lunes por el Concejo Municipal en ese entonces el Concejo rechazó la oferta.
Los 3 funcionarios involucrados
Este caso también involucró a tres funcionarios municipales, entre ellos: Jennifer Campos Zamora, excoordinadora de proveeduría, acusada de favorecer a su familia en las adjudicaciones, Bernal Hernández Vásquez, exingeniero municipal, señalado por su presunta complicidad y Marcos Rojas, funcionario de proveeduría que aún labora en el municipio.
Regidores dejan una puerta abierta a la corrupción
La decisión de ocho regidores a excepción de Luisa Chacón que voto en contra, es según denunciantes a este medio, que un empresario o funcionario puede cometer los delitos a la hacienda pública y en caso de que dejara alguna huella que lo lleve a una condena inminente negocia y con plata ni la hoja de delincuencia le manchan.
Los ocho regidores que acordaron conciliarcon los imputados son: Patricia Romero del PLP, Esteban Rodríguez PLP, Melvin López Aquí Costa Rica Manda, Jorge Zapata de Progreser y Sergio Chaves, Anais Huertas, Ashley Huertas, del partido Liberación.
En contra solo votó la regidora de Aquí Costa Rica Manda Luisa Chacón
Con poco mas de 50 millones que la municipalidad recibirá distribuidos entre los cinco imputados se repararía el daño según los regidores. El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
