Presiones, anomalías y advertencia de acciones legales sacuden al Concejo Municipa
Una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas en el Mercado Municipal de San Carlos escaló este lunes a un nuevo nivel, luego de que la regidora Crisly González revelara ante el Concejo Municipal que está recibiendo presiones indirectas por ejercer su labor de fiscalización.
La funcionaria aseguró que los señalamientos comenzaron tras cuestionar la idoneidad de varios funcionarios vinculados con la administración del mercado y advertir sobre problemas estructurales que incluyen locales desocupados, falta de rentabilidad, adquisición de puestos mediante sociedades anónimas y una gestión que calificó como deficiente.
González recordó que semanas atrás defendió públicamente a la vicealcaldesa Pilar Porras, quien denunció que, pese a tener asignada la gestión del mercado, solo se le permitía “firmar papeles”.
“En pleno 2026, limitar a una autoridad a funciones simbólicas también es violencia política”, afirmó entonces la regidora, al tiempo que pidió revisar la actuación de William Arce y Pablo Chacón, a quienes señaló como parte de la actual estructura administrativa del mercado.
Durante la más reciente sesión del Concejo, González negó categóricamente que ella o su compañera Luisa Chacón estén promoviendo despidos, como se ha insinuado en mensajes internos.
“Mi formación en gestión de personas no me permitiría anteponer un puesto sobre la dignidad y estabilidad de quienes lo ocupan. Primero está la persona”, expresó.
También informó que el pasado 30 de enero sostuvieron una reunión con Arce con el único objetivo de explorar espacios de coordinación y mejora en el funcionamiento del mercado, encuentro que —según afirmó— fue posteriormente tergiversado.
Alerta por posible acoso político
González advirtió que ha recibido presiones “por vías indirectas”, a través de terceros y comentarios transmitidos, orientadas a que abandone su labor de control político. Aunque aclaró que aún no formula una acusación directa, señaló que se encuentra recopilando información y que, de confirmarse conductas irregulares, no descarta presentar denuncias ante las autoridades judiciales.
La regidora recordó además que en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo se analiza el reglamento sobre violencia política contra las mujeres en puestos de decisión, normativa que busca proteger a regidoras, vicealcaldesas y funcionarias municipales.
En su intervención, explicó que este tipo de presiones pueden configurar mobbing o acoso laboral y político: una forma de violencia psicológica e institucional que se manifiesta mediante hostigamiento, rumores, aislamiento o deslegitimación sistemática, con impacto directo en la integridad personal y profesional.
“La fiscalización no es persecución. Es un deber legal y ético”, subrayó.
Un mercado bajo cuestionamiento
Las declaraciones vuelven a poner en el centro del debate público la administración del mercado y el rol de la Municipalidad de San Carlos, en un contexto marcado por denuncias históricas de mala gestión y falta de transparencia.
El caso abre una nueva alerta sobre la protección de las mujeres en cargos públicos y sobre las condiciones en que se ejerce la fiscalización dentro de los gobiernos locales, especialmente cuando esta incomoda intereses internos.
