La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una serie de reformas constitucionales que modifican el sistema electoral, crean una representación legislativa para la diáspora salvadoreña y cambian el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio de crecientes cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la concentración de poder alrededor del presidente Nayib Bukele.
Las reformas fueron impulsadas por el oficialismo y aprobadas mediante un trámite acelerado gracias a la amplia mayoría legislativa del partido Nuevas Ideas. Diversos analistas advierten que los cambios consolidan el control político del Ejecutivo sobre instituciones clave del sistema democrático salvadoreño, justo cuando el país se encamina hacia las elecciones generales de 2027. (EFE)
Oficialismo concentrará mayor influencia sobre el árbitro electoral
Uno de los cambios más sensibles corresponde a la reforma del artículo 208 de la Constitución, que altera la integración del Tribunal Supremo Electoral. Hasta ahora, parte de los magistrados eran propuestos por los partidos políticos con mayor respaldo electoral, lo que buscaba mantener cierto equilibrio entre fuerzas políticas dentro del organismo.
Con la nueva reforma, la Asamblea Legislativa —controlada ampliamente por el oficialismo— tendrá un peso determinante en la selección de los magistrados electorales mediante procesos dirigidos desde el Congreso. Organizaciones civiles salvadoreñas consideran que esto elimina contrapesos y debilita la independencia del ente encargado de organizar y supervisar las elecciones.
Expertos en democracia y gobernabilidad han advertido que cuando un mismo grupo político controla simultáneamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los organismos electorales, aumenta el riesgo de erosión democrática y disminuyen las garantías de competencia electoral equilibrada. La Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos internacionales han señalado anteriormente preocupaciones similares sobre la independencia institucional en El Salvador. (OEA)
Diputados de la diáspora generarían nueva redistribución del poder legislativo
La reforma también crea una circunscripción electoral para los salvadoreños residentes en el exterior, permitiendo que la diáspora elija diputados propios para la Asamblea Legislativa.
Aunque el gobierno sostiene que la medida amplía derechos políticos para los migrantes, sectores críticos señalan que la reforma podría modificar el equilibrio electoral interno sin aumentar el número total de diputados. Diversos análisis indican que entre ocho y nueve escaños podrían redistribuirse hacia esta nueva representación.
Organizaciones como Acción Ciudadana alertaron que la medida podría reducir proporcionalmente la representación de votantes dentro del territorio salvadoreño y fortalecer aún más el dominio legislativo del oficialismo.
Reformas se suman a una cadena de cambios que amplían el poder presidencial
Las modificaciones constitucionales se añaden a otras decisiones impulsadas durante el gobierno de Bukele, incluyendo la reducción del número de diputados, cambios en la Corte Suprema de Justicia y resoluciones judiciales que habilitaron la reelección presidencial inmediata, pese a prohibiciones históricas contempladas en la Constitución salvadoreña.
En 2021, la Sala de lo Constitucional —nombrada tras la destitución de magistrados por parte de la Asamblea oficialista— emitió una interpretación que abrió el camino para la reelección de Bukele. Organismos internacionales y expertos constitucionalistas cuestionaron entonces la independencia judicial del país.
Analistas consideran que las nuevas reformas consolidan un modelo de poder altamente centralizado alrededor del oficialismo, debilitando los mecanismos clásicos de separación de poderes y control institucional propios de una democracia liberal.
Crecen preocupaciones internacionales sobre el estado de la democracia salvadoreña
Informes recientes de organizaciones como Human Rights Watch, Freedom House y la Organización de Estados Americanos han advertido sobre el deterioro institucional en El Salvador, especialmente por la concentración de poder, la reducción de controles democráticos y las restricciones al debate público.
Aunque el gobierno de Bukele mantiene altos niveles de popularidad debido a su estrategia de seguridad contra las pandillas, críticos sostienen que el respaldo ciudadano no elimina la necesidad de preservar instituciones independientes y mecanismos democráticos de control político. Expertos en ciencia política coinciden en que las democracias modernas requieren equilibrio entre poderes para evitar abusos y garantizar elecciones transparentes y competitivas
