La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes una controvertida modificación al primer presupuesto extraordinario de la República para 2026 que recorta ₡40.000 millones destinados a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), además de reducir en ₡30.000 millones los recursos vinculados a programas de vivienda para familias de escasos recursos.
La decisión fue respaldada por ocho diputados y tiene como propósito redirigir esos recursos para cubrir el déficit presupuestario de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Aunque el objetivo de garantizar el pago de las pensiones a miles de adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad cuenta con amplio respaldo social, la medida ha generado cuestionamientos sobre la estrategia utilizada para obtener los recursos y las prioridades que está definiendo el Estado costarricense.
Infancia y nutrición en la línea de recorte
El ajuste aprobado representa cerca del 28,7% del presupuesto asignado a los CEN-CINAI para 2026, según señaló la diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La legisladora advirtió que la institución enfrenta importantes desafíos relacionados con infraestructura, órdenes sanitarias y ampliación de servicios de atención infantil.
Los CEN-CINAI constituyen uno de los principales programas sociales del país, brindando alimentación, estimulación temprana, atención integral y apoyo a miles de niños y niñas, especialmente en comunidades de menores ingresos. Por ello, el recorte ha despertado preocupación entre sectores que consideran que la infancia vuelve a convertirse en una variable de ajuste dentro de las finanzas públicas.
Menos recursos para vivienda de familias vulnerables
La moción también reduce en ₡30.000 millones los recursos que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) transfiere al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La decisión ocurre en momentos en que Costa Rica mantiene una importante demanda de soluciones habitacionales para hogares de bajos ingresos y comunidades afectadas por pobreza, hacinamiento y condiciones precarias de vivienda.
Diversos especialistas han señalado en reiteradas ocasiones que la vivienda social no solo representa un derecho fundamental, sino también una herramienta para reducir desigualdades, mejorar condiciones de salud y fortalecer oportunidades de desarrollo para las familias.
¿Un problema de financiamiento estructural?
El debate generado tras la votación trasciende la discusión entre programas sociales. Para varios sectores, la situación refleja un problema estructural de las finanzas públicas: la necesidad de enfrentar déficits mediante la reasignación de recursos entre poblaciones vulnerables.
En términos prácticos, la decisión plantea una difícil interrogante: ¿debe financiarse la protección de los adultos mayores mediante recortes a programas dirigidos a la niñez y a las familias que esperan acceso a una vivienda digna?
Mientras el diputado oficialista Nogui Acosta defendió la legalidad de la medida y sostuvo que no se pueden disminuir los recursos destinados a los pensionados del Régimen No Contributivo, los cuestionamientos apuntan a que el país continúa enfrentando problemas de sostenibilidad fiscal sin una solución permanente que evite poner a competir entre sí a programas esenciales de protección social.
Una señal preocupante
La aprobación de la moción deja una señal que preocupa a organizaciones sociales y sectores vinculados al desarrollo humano. En lugar de fortalecer simultáneamente la atención de adultos mayores, la protección de la niñez y el acceso a vivienda, la discusión presupuestaria parece obligar a escoger qué grupo vulnerable recibirá menos recursos.
El resultado es una disputa entre necesidades igualmente legítimas, en la que los principales afectados podrían terminar siendo quienes dependen de la red de protección social del Estado para garantizar condiciones básicas de bienestar y oportunidades de desarrollo.
