La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, cuestionó el anuncio del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, sobre un nuevo recorte de ₡26.549 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2027, una reducción que la Corte Plena rechazó por considerar que tendría impacto en áreas como la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia, la atención de víctimas y la reducción del rezago judicial. (Poder Judicial de Costa Rica, 2026).
El planteamiento adquiere una dimensión política y fiscal mayor porque ocurre mientras el Gobierno de la presidenta Laura Fernández intenta conseguir en la Asamblea Legislativa los 38 votos necesarios para autorizar una nueva emisión de hasta $13.500 millones en eurobonos durante un período de nueve años. La propuesta corresponde al expediente 25.363 y busca permitir al Ejecutivo colocar deuda en los mercados internacionales para atender necesidades de financiamiento y sustituir obligaciones bajo condiciones que el Gobierno considera más favorables. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2026; Herrera, 2026).
El punto de choque: más deuda mientras se recorta al Poder Judicial
El debate planteado por Murillo coloca frente a frente dos decisiones del Gobierno: por un lado, la búsqueda de una autorización para aumentar el acceso del Estado al financiamiento internacional y, por otro, la decisión de reducir recursos asignados a una institución constitucionalmente encargada de administrar justicia.
La Corte Plena ya había aprobado para 2026 un recorte de ₡13.242 millones, pero advirtió que una reducción adicional tendría consecuencias sobre servicios esenciales. El Poder Judicial señaló además que mantiene una ejecución presupuestaria elevada: 97% en 2025, 96% en 2024 y 95% en 2023. (Poder Judicial de Costa Rica, 2026).
En ese contexto, la discusión trasciende la cifra del recorte. El cuestionamiento político es si resulta coherente exigir mayor capacidad estatal para combatir el crimen organizado y, simultáneamente, reducir recursos destinados a investigación criminal, Ministerio Público y administración de justicia. Esa tensión ha sido señalada también por sectores legislativos que cuestionan la reducción presupuestaria en momentos en que el Ejecutivo coloca la seguridad como una de sus prioridades. (Herrera, 2026).
El Gobierno necesita a la oposición para aprobar los eurobonos
La otra pieza del escenario es la negociación por los eurobonos. El oficialismo cuenta con 31 diputados, por lo que necesita sumar al menos siete votos adicionales para alcanzar los 38 requeridos para una aprobación de este tipo. El PLN ha rechazado el proyecto por $13.500 millones en los términos planteados y ha exigido discutir un monto menor, controles y metas verificables antes de comprometer sus votos. (Bermúdez Vives, 2026; Herrera, 2026).
Para el Gobierno, los eurobonos son una herramienta para obtener financiamiento en mercados internacionales y sustituir deuda bajo condiciones que permitan reducir costos financieros. El Ministerio de Hacienda ha advertido incluso sobre posibles efectos en las tasas de interés si Costa Rica no logra acceder a ese financiamiento. Sin embargo, el endeudamiento también implica compromisos futuros y exposición al riesgo cambiario, por lo que la oposición reclama mayores controles sobre el uso y el monto de los recursos. (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2026; Arrieta, 2026).
PLN pone condiciones
El PLN ha planteado que no está dispuesto a entregar un “cheque en blanco” al Ejecutivo. La fracción liberacionista ha señalado que cualquier negociación debe contemplar un monto menor, controles sobre el endeudamiento y compromisos concretos en áreas consideradas prioritarias, entre ellas seguridad y salud. (Herrera, 2026).
La posición del PLN adquiere especial relevancia porque el Gobierno necesita esos votos. La propia presidenta Fernández ha reclamado públicamente a Liberación Nacional y al Frente Amplio que respalden la autorización de los $13.500 millones y ha advertido sobre las consecuencias políticas que, según ella, tendría bloquear el proyecto. (Arrieta, 2026).
De esta manera, el recorte al Poder Judicial y la negociación de los eurobonos terminan conectándose en una misma discusión: qué prioridades está estableciendo el Gobierno para el gasto público, cuánto endeudamiento está dispuesto a asumir el país y bajo qué condiciones la oposición está dispuesta a otorgar los votos necesarios.
Una negociación que podría marcar el rumbo fiscal
El proyecto de eurobonos no representa únicamente una decisión financiera de la administración Fernández. Al plantearse emisiones por $13.500 millones durante nueve años, la autorización tendría efectos que alcanzarían a la actual administración y a futuros gobiernos. Por esa razón, el PLN ha insistido en que la discusión debe incluir límites, controles y metas que puedan ser verificadas por la Asamblea Legislativa y la ciudadanía. (Bermúdez Vives, 2026; Arrieta, 2026).
La controversia también plantea una interrogante política: ¿puede el Ejecutivo pedir autorización para asumir hasta $13.500 millones adicionales de deuda mientras aplica recortes a instituciones fundamentales del Estado, entre ellas el Poder Judicial? La respuesta dependerá de la negociación legislativa y de las condiciones que finalmente sean incorporadas al proyecto.
Por ahora, la matemática legislativa es clara: el Gobierno necesita 38 votos y no los tiene por sí solo. El oficialismo dispone de 31 curules y requiere construir un acuerdo con fuerzas opositoras. El PLN, por su parte, mantiene que no respaldará el monto solicitado en los términos actuales y condiciona cualquier negociación a cambios sustanciales en la propuesta. (Herrera, 2026).
El pulso por los eurobonos, por tanto, podría convertirse en uno de los principales enfrentamientos políticos del inicio de la administración Laura Fernández, mientras el recorte al Poder Judicial agrega un componente institucional a una discusión que ya no se limita a las finanzas públicas, sino que alcanza las prioridades de seguridad, justicia, endeudamiento y control político del gasto estatal.
