Por: Welmer Ramos González, economista
Un país con margen para mejorar su recaudación
Costa Rica tiene un amplio espacio para aumentar sus ingresos fiscales sin crear nuevos impuestos. Las estimaciones indican que, si se corrigieran las ineficiencias actuales, el país podría incrementar su recaudación en un 3% del PIB, equivalente a más de ₡1,5 billones en 2025.
Estos recursos serían suficientes para fortalecer los programas sociales, mejorar los servicios públicos y reducir la deuda, siempre que se apliquen las reformas legales necesarias para cerrar portillos de evasión y elusión.
Un Ministerio de Hacienda rezagado y con graves fallas
El Ministerio de Hacienda continúa operando con métodos obsoletos y sin herramientas tecnológicas adecuadas. No existe un sistema eficaz para evaluar el desempeño de su personal ni una estrategia moderna de fiscalización.
Además, Costa Rica desaprovecha los acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal, que permitirían detectar movimientos financieros irregulares.
El proyecto Hacienda Digital, que debía ser un salto hacia la modernización, enfrenta serios problemas de ejecución, al punto de que la Contraloría General de la República advirtió que podría convertirse en un fracaso de US$150 millones.
A esto se suma el hackeo de datos tributarios ocurrido hace más de un año, aún sin solución ni resultados claros de la investigación.
Grandes empresas: las que más ganan, pero menos contribuyen
La debilidad institucional ha generado una gestión tributaria incapaz de fiscalizar a los grandes contribuyentes. Cada año se reporta que decenas de corporaciones declaran pérdidas o utilidades en cero, pese al crecimiento de la economía.
Según expertos tributarios, estas empresas pagan lo que quieren y cuando quieren, aprovechando la falta de control efectivo y sanciones.
Mientras tanto, los gobiernos optan por recortar el gasto social en lugar de exigir el pago justo de impuestos. Se han reducido los presupuestos de comedores escolares, hogares de ancianos, pensiones no contributivas y aportes a la CCSS, mientras los intereses de la deuda y los sobreprecios estatales se mantienen intactos.
En resumen: se ajusta el cinturón de los más pobres para no incomodar a los más ricos.
Ley 10.381: un portillo con graves consecuencias
La aprobación de la Ley N.° 10.381, bajo el argumento de salir de la lista gris de la Unión Europea, abrió nuevos portillos fiscales. Ahora, ciertos capitales pueden operar desde Costa Rica y tributar como si sus ingresos fueran extranjeros, deduciendo gastos locales pero sin pagar impuestos por sus ganancias.
Este tipo de legislación erosiona la base tributaria y reduce los aportes de los grandes contribuyentes, trasladando la carga a los asalariados, las pymes y los trabajadores independientes.
Los verdaderos contribuyentes del país
Las cifras demuestran que los principales aportantes fiscales son las pymes, los trabajadores por cuenta propia, los asalariados y los productores nacionales.
A diferencia de los grandes capitales, estos sectores no disfrutan de regímenes especiales ni pueden desviar utilidades a paraísos fiscales.
Contrario a lo que se suele afirmar, Costa Rica tiene una carga tributaria baja en comparación con los países de la OCDE. Los impuestos son esenciales para sostener la educación, la salud, la infraestructura y la justicia social.
No cobrar lo que corresponde a quienes más se benefician del Estado es fomentar el parasitismo económico y la inequidad.
Una economía sin rumbo productivo
Costa Rica también ha perdido su norte en materia de desarrollo productivo. No existe una política clara para aprovechar los encadenamientos de las empresas exportadoras ni una estrategia sólida de apoyo a las pymes que generan empleo local.
Al contrario, se promueven tratados comerciales que ponen en riesgo la producción nacional (como la de arroz, papa, cebolla y hortalizas) sin beneficios tangibles para el país.
Conclusión: decisión y justicia fiscal para reconstruir el Estado
Si no se reactiva la economía interna —la que produce, genera empleo y paga tributos locales—, las finanzas públicas seguirán deteriorándose junto con el Estado solidario que por décadas ha sostenido a Costa Rica.
Destruir lo público es fácil; reconstruir la confianza y la justicia social es urgente.
El país sí tiene recursos, pero falta voluntad política para cobrarlos con justicia, combatir los abusos y administrar con eficiencia.
Cada colón que el Estado deja de recaudar o gasta mal representa menos oportunidades, más desigualdad y mayor tensión social.
Un país que no cobra lo que le corresponde ni gasta con prudencia renuncia a su futuro
