La violencia escolar se ha convertido en uno de los principales retos del sistema educativo en Costa Rica.
Durante el 2022, la Fiscalía Penal Juvenil registró 2.927 causas por hechos de violencia en centros educativos, una problemática que para las autoridades judiciales requiere ser abordada desde varios frentes.
La fiscal, Debby Garay, explicó que el grueso de las situaciones ocurridas el año anterior se puede agrupar en tres tipos de conductas:
- Las que atentan contra la integridad física, como agresiones, riñas y lesiones.
- Las infracciones a la integridad patrimonial, tales como robos, hurtos y daños.
- Las infracciones contra la integridad sexual, por ejemplo, abuso sexual, violación y el uso inadecuado de la tecnología con finalidad de explotación sexual infantil.
La funcionaria considera que, los centros educativos y otros sitios que reúnen a persona menores de edad, como espacios deportivos o de formación multidisciplinaria, tienen un rol crucial en detectar y prevenir posibles hechos de violencia a partir de la observación o reportes.
“En el ámbito educativo existe un deber de observar y denunciar, pero, sobre todo, de aplicar los protocolos; el Ministerio de Educación tiene en su sitio web nueve protocolos de actuación en situaciones de violencia en perjuicio de personas menores de edad o relacionadas con estas”, dijo Garay.
El protocolo de pautas generales, agregó la fiscal, le recuerda al personal que debe realizar una labor preventiva, evitar el conflicto, pero, además, realizar una actuación durante la crisis y un seguimiento, para verificar que se dé una convivencia pacífica.
“También, se establece el deber de derivar cuando corresponda las denuncias o los procesos hacia las autoridades judiciales; hablamos del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público”, enfatizó Garay Boza.
Además de este deber de denuncia, que también se encuentra establecido en la legislación, la jefa de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil llamó a que el personal de las instituciones actúe con sensibilidad en su función de formar a las personas menores de edad.
“Si el personal está sensibilizado, puede generar empatía y convertirse en personas de confianza de las niñas, niños y adolescentes que están formando; esto nos lleva al tema de la comunicación asertiva, formamos desde lo positivo, pero observando y para eso se requiere que estén atentos a cambios en los patrones de comportamiento de las personas menores de edad”, insistió Garay.