En una muestra de fuerza, el gobierno de Honduras puso en marcha un operativo diseñado para reducir la influencia de las bandas criminales, los mayores responsables de la ola de inseguridad y violencia que sufre el país.
Esta estrategia de “mano dura” contra el crimen en Honduras comparte muchos elementos en común con el enfoque del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su publicitada “Guerra contra las Pandillas”.
En Honduras, la muerte a finales de junio de 23 personas en menos de 24 horas, apenas cinco días después del fallecimiento de 46 reclusas tras una reyerta entre maras rivales en una cárcel de mujeres, empujó a la presidenta Xiomara Castro a repensar su promesa de desmilitarización y a dar luz verde a una operación policial militar para recuperar el control de las prisiones y tratar de contener a las pandillas.
Allanamientos, toques de queda, revisiones exhaustivas en las prisiones, investigaciones en busca de funcionarios corruptos e incautaciones de armas y municiones forman parte de las “medidas drásticas” de Castro para controlar la situación, una reacción que analistas y activistas achacan al “efecto Bukele”.
“Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, advirtió en Twitter el secretario de Estado de Defensa Nacional de ese país, José Manuel Zelaya, junto a fotografías de reos hacinados rodeados de efectivos de la Policía Militar hondureña.
Crimen organizado en el Triángulo Norte
Gran parte del territorio de Honduras, al igual que en los vecinos El Salvador y Guatemala, está dominado por pandillas o maras, organizaciones altamente jerárquicas con vínculos trasnacionales, funcionamiento descentralizado y gran capacidad jurisdiccional, indica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las rivales Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18 (M-18), también conocida como Barrio 18 (B-18) son los dos grupos con mayor presencia en los países del Triángulo Norte centroamericano, donde a menudo son vistos como una alternativa de sobrevivencia económica y protección en contextos altamente violentos.
