La fase conocida como Punta Sur de la nueva Carretera a San Carlos enfrenta un panorama complejo. Aunque el Gobierno y el diputado Joaquín Hernández anunciaron avances, aún existen 87 propiedades sin resolver, de las cuales ocho presentan situaciones judiciales delicadas, según un informe emitido el 17 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia.
El oficio N.° 483-CACMFJ-JEF-2025, enviado por Roger Mata Brenes, director de despacho de la Presidencia de la Corte, a la Asociación Pro Carretera —y del cual La Región CR tiene copia— detalla el estado actual del proceso de expropiaciones para el proyecto.
Según ese documento:
- 27 expedientes ya cuentan con sentencia dictada.
- 79 procesos siguen en trámite, en diferentes etapas, a la espera de sentencia.
- 98 asuntos tienen autorización para que el Estado tome posesión del inmueble.
- 8 casos aún no cuentan con esta autorización.
Cómo se tramitan las expropiaciones
El Poder Judicial aclara que cada expropiación se tramita de forma individual en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, único competente a nivel nacional. Además, subraya que no le corresponde elaborar mapas, mosaicos o planos del proyecto, pues su función se limita al trámite judicial.
También señala que no todas las expropiaciones llegan a proceso judicial, ya que muchas se resuelven en sede administrativa.
Diferencia entre la autorización de posesión y la sentencia final
El reporte distingue dos momentos clave:
- Autorización de entrada en posesión: permite al Estado ingresar al terreno e iniciar obras, aun sin sentencia definitiva.
- Sentencia final: fija el monto definitivo de la indemnización.
Actualmente existen 106 expedientes judiciales vinculados al tramo Ruta 35 – Punta Sur. Cada uno registra información sobre partes, fecha de ingreso, estado, fase procesal y si ya se autorizó la posesión.
Los ocho casos más críticos
Según el oficio:
- Tres expedientes están pendientes por notificación de parte tras una comisión sin resultado.
- Dos expedientes siguen sin resolución del auto inicial y sin depósito del avalúo administrativo.
- Dos más tienen el Depósito de Avalúo Administrativo pendiente.
- Uno espera una resolución de entrada en posesión por parte del Juzgado.
Duración promedio de una expropiación
El documento explica que, para este proyecto, un expediente tarda en promedio 9,44 meses para autorizar la entrada en posesión del Estado.
Los tiempos registrados van desde 1,63 meses en el caso más rápido hasta 26,17 meses en el más lento.
La variación depende de particularidades del proceso, por lo que no es posible generalizar los plazos, señala el informe.
Principales dificultades identificadas
El Poder Judicial enumera los obstáculos que más retrasan la entrada en posesión:
- Atrasos en el depósito del avalúo administrativo.
- Notificaciones fallidas por direcciones incorrectas.
- Demoras en las notificaciones tramitadas mediante comisión.
Diseños del proyecto
La Corte reitera que no centraliza ni consolida información técnica del proyecto, como planos o representaciones gráficas del trazado.
Su función se circunscribe únicamente a los procesos de expropiación judicializados.
