La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y a la vicepresidenta, Rosario Murillo, para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas contra su gobierno en 2018 que dejaron más de 300 muertos, miles de heridos, así como exiliados.
Junto a ellos también se investigará a otros actores, como Néstor Moncada Lau, asesor privado del presidente; Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
Además, a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de Salud y Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
Darío Richarte, profesor en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires, es uno de los abogados que denunció a Ortega y Murillo. El experto explica en entrevista con la Voz de América el alcance que tendría esta investigación y en caso de comprobarse las acusaciones, si podría detener y juzgar a los implicados.
Richarte asegura que la investigación es compleja porque los hechos ocurren fuera del territorio de Argentina y se requiere de la colaboración de la comunidad internacional.
El juez federal argentino, Ariel Lijo, quien lleva el caso, considera que la justicia de su país está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otras naciones, ya que la Constitución reconoce el principio de jurisdicción universal.
En ese sentido, Richarte dice que se deberán requerir informes a los organismos internacionales de Derechos Humanos que vienen tomando cartas en el asunto, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Además, según, Richarte, hay Organizaciones No Gubernamentales que también han hecho sus investigaciones y fueron convocadas a aportar los datos y la información con la que cuentan.
Richarte señala que con esos informes, el paso siguiente será recabar las declaraciones de las víctimas y testigos para poder formalizar la imputación contra los responsables.
Como primera medida, el juez argentino a cargo del caso, dispuso el envió de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre detenciones ilegales de personas.
Pero esto solo es un requisito de trámite, ya que el juez tiene que garantizarse que los hechos que está investigando no estén en otra jurisdicción, así que el exhorto es un paso necesario.
Aunque asegura que no habrá procesos abiertos en Nicaragua “porque el sistema judicial está colaborando con el accionar del gobierno y porque se ha dictado una ley de amnistía que impide la investigación de los hechos ocurridos hasta junio de 2019”, de modo que esto solo es “parte del procedimiento”.
Human Rights Watch: “Es importantísimo lo que ocurre”
Algunos defensores de derechos humanos celebran este proceso investigativo.
Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos, señala que en Nicaragua, la justicia está cooptada por el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, y no hay ninguna expectativa o posibilidad de que las víctimas tengan justicia.
En este contexto, afirma que es importantísimo explorar de manera creativa distintas alternativas para poder llevar a los responsables ante la justicia.
