La libertad condicional podría tener sus días contados en Costa Rica. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Justicia, Gerald Campos, presentaron el proyecto de ley “Adición al Artículo 59 del Código Penal”.
Con este cambio, el Ejecutivo pretende que cualquier persona que cometa actos de corrupción en contra de la función pública sea castigada con la pena de cárcel.
En otras palabras, esta iniciativa pretende suspender el beneficio de Ejecución Condicional de la Pena, creado en 1970 y que permite que una persona culpable de un delito, como corrupción, no cumpla su condena dentro de una prisión, sino que el juez tome la decisión de imponer una medida alterna a la cárcel. Esto, siempre y cuando el delito por el cual la persona se le demostró su culpabilidad no excediera los tres años.
Esta ley de 1970 se ejecutó con el propósito de disminuir el aumento en el hacinamiento carcelario y que las personas condenadas sufrieran los efectos nocivos de ingresar a una prisión en esas condiciones.
Este es la segunda propuesta que firma el presidente Chaves para tratar de que se erradique la corrupción de la función pública.
El presidente Chaves advirtió, una vez más, que su administración tendrá 0 tolerancia con los funcionarios públicos que actúen en perjuicio de los intereses públicos.
