Una moción del regidor suplente Juan Pablo Rodríguez pretende que el concejo Municipal de San Carlos se pronuncie en contra de la aplicación del decreto del gobierno que pretende obligar a los ganaderos al aretéo de sus animales.
El viernes anterior los regidores recibieron en sesión extraordinaria al viceministro de agricultura y ganadería Luis Fernando Vargas para hablar de la implementación del decreto que según explicó ya está en la fase obligatoria.
La moción de Juan Pablo Rodríguez no fue aprobada el viernes por los regidores que por mayoría decidieron enviarla a comisión, donde será dictaminada para recomendar al Concejo su aprobación o no.
El regidor Rodríguez en su Justificación dice: El Decreto Ejecutivo 44394-MAG emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en mayo 2024, establece nuevas regulaciones y controles que afectan directamente la gestión del ganado en el país, imponiendo obligaciones adicionales a los productores nacionales.
Que la trazabilidad debe comenzar por contar con un hato libre de enfermedades zoonóticas: Brucelosis. Leptospirosis y tuberculosis entre otras, proceso en el que estamos de acuerdo en participar siendo una iniciativa del Estado y mediante un proceso con tiempos de implementación.
Que nuevas medidas proponen controles que, si bien podrían tener un propósito técnico-administrativo válido, no consideran el impacto práctico y económico que representan para los productores, en especial aquellos pequeños y medianos, quienes disponen de menores recursos para adaptarse a cambios regulatorios.
Asimismo, las cargas operativas y económicas derivadas de las nuevas disposiciones, sumadas a las regulaciones ya existentes (sanitarias, ambientales, tributarias, etc.), colocan al sector ganadero en una posición vulnerable, incrementando los costos operativos y reduciendo su competitividad tanto a nivel nacional como internacional.
Por otro lado, el contexto económico actual del país, caracterizado por la escasez de recursos públicos, según lo manifestado por el Ministerio de Hacienda, dificulta la creación de fondos específicos para la implementación de este tipo de proyectos regulatorios, dejando a los productores en una posición incierta y desprotegida.
El sector ganadero ya enfrenta una serie de retos estructurales, incluyendo el acceso limitado a financiamiento, la necesidad de infraestructura adecuada, y la capacitación técnica, lo que hace inviable cualquier medida adicional sin un plan de implementación serio, estructurado y adaptado a las realidades del sector.
Adicionalmente, al no haberse identificado ni presentado una fuente de financiamiento clara y segura para cubrir los costos derivados de la implementación de este decreto y el recorte al presupuesto a SENASA para el 2025, se corre el riesgo de trasladar la totalidad de las cargas económicas a los productores, generando mayores desigualdades y poniendo en peligro la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.
Es importante reconocer que el sector ganadero es uno de los pilares económicos en San Carlos y las zonas rurales del país, aportando empleo directo e indirecto y contribuyendo a la seguridad alimentaria nacional, por lo que cualquier política pública que afecte al sector debe ser diseñada con especial atención a su impacto social, económico y ambiental.
Que el decreto en cuestión no ha sido acompañado desde nuestra perspectiva de presupuesto y las consultas amplias ni procesos de diálogo efectivos con los productores, lo que genera un sentimiento de imposición y descontento en el sector, agravando las tensiones existentes entre el gobierno y los actores productivos.
Que una implementación de regulaciones sin un enfoque de inclusión y sostenibilidad económica puede provocar un desincentivo significativo para los productores, lo que impactaría negativamente en la productividad y en la economía de las zonas rurales, aumentando las tasas de desempleo y pobreza en estas áreas.
Por tanto, es vital y necesario una estrategia que priorice el fortalecimiento del sector ganadero mediante políticas públicas inclusivas, realistas y respaldadas por financiamiento suficiente, evitando imponer medidas que, lejos de beneficiar, agravan la situación de los productores nacionales.
¿Qué pide la moción?
- Solicitar respetuosamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería que deje sin efecto el Decreto Ejecutivo 44394-MAG emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en mayo 2024 hasta tanto:
- Se presente y discuta ampliamente un plan de implementación que sea viable, accesible y adaptado a las necesidades y capacidades de los productores, especialmente para los pequeños y medianos; con planes piloto respectivos, con un proceso y resultados publicados.
- Se garantice la existencia de una fuente de financiamiento clara, suficiente y segura para cubrir los costos derivados de la ejecución del decreto, evitando cargar estas responsabilidades sobre los hombros de los productores.
- Se realice un análisis exhaustivo del impacto de las medidas propuestas sobre la competitividad y sostenibilidad de los productores nacionales, tomando en cuenta las condiciones actuales del sector y las regulaciones ya existentes.
- Instar al Gobierno de la República (Presidente y Ministra de la Presidencia), al Ministerio de Hacienda (Ministro) y la Asamblea Legislativa (Diputados) a priorizar la asignación de recursos para apoyar al sector productivo nacional y garantizar que cualquier iniciativa de esta naturaleza no genere una carga desproporcionada para los productores, promoviendo en cambio políticas que fortalezcan la actividad económica rural. enviando este acuerdo junto una copia completa de esta moción junto su justificación.
- Instar a las Municipalidades de Costa Rica a unirse a esta solicitud al Ministerio de Agricultura y Ganadería, enviando una copia completa de esta moción junto su justificación.
