El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica expone su profunda preocupación por el deterioro progresivo de las condiciones laborales en el país, el aumento del desempleo y el debilitamiento sistemático de las garantías sociales.
Alerta que, esta situación representa una amenaza directa al trabajo digno y bien remunerado, como derecho humano establecido en el artículo 56 de la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales, suscritos por el Estado costarricense.
Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), revelan que, para finales de 2024, un total de 177.277 personas se encontraban sin empleo: 92.081 eran hombres y 85.196, mujeres.
Lo anterior, según los trabajadores sociales, representa una clara aceleración en la tasa de desempleo nacional, que pasó del 6,9 % en diciembre de 2023, al 7,4 % en febrero de 2024. Dicho escenario afecta, particularmente, a las mujeres, jóvenes y personas cuidadoras, quienes enfrentan barreras estructurales para el acceso al trabajo formal y a condiciones laborales justas.
Además, la encuesta refleja que la tasa de desempleo en hombres es del 6,4%, mientras que en mujeres alcanza el 9,0 %, lo que evidencia una desventaja clara para la población femenina, en cuanto a su inserción en el mercado laboral.
“El desempleo y el subempleo, en especial entre las mujeres, deben analizarse con cautela, ya que muchos de estos indicadores ocultan la realidad de miles de mujeres que, por asumir responsabilidades de cuidado no remunerado, no se encuentran dentro de la fuerza laboral activa, invisibilizando su exclusión estructural del mercado de trabajo”, manifiesta Mariangel Sánchez, vocera de este gremio
Por otro lado, en 2024 la población ocupada nacional fue de 2,21 millones de personas, de las que 1,35 millones eran hombres y 865.000 eran mujeres. Este indicador presentó un aumento significativo de 49.000 mujeres con respecto al año 2023.
El Colegio de Trabajadores Sociales advierte que esta realidad, ampliamente documentada por organismos como el INAMU, la CEPAL, el Programa Estado de la Nación y en el último estudio de la OCDE, se ve agravada por la ausencia de políticas públicas integrales, que redistribuyan equitativamente las tareas entre el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares.
Finalmente, insta a los diferentes poderes del Estado a garantizar el trabajo decente como un derecho y no como una mercancía y a construir colectivamente estrategias que reviertan la precarización, promuevan la equidad, reconozcan el trabajo de cuidados y avancen hacia una Costa Rica más justa, solidaria y humana.
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