Por Miguel Rojas Rodríguez
En las próximas semanas los votantes de Costa Rica deberán elegir presidente (o presidenta) y diputados. En tiempos normales, la llegada de un nuevo gobierno no habría despertado grandes temores, al menos no en mí. Al fin y al cabo, los desaciertos de una administración pueden ser corregidos por la siguiente. Es así, precisamente, como funcionan las democracias: los errores de un gobierno impulsan a una oposición a plantear alternativas, que los votantes pueden aceptar para corregir el rumbo.
Lamentablemente, la elección de febrero de 2026 no es una más. Por primera vez enfrentamos la posibilidad muy real de que nuestro sistema político se deteriore hasta dejarnos con una democracia solo de fachada. Y cuando la democracia se enferma, los errores dejan de poder corregirse, porque se pierde la alternancia.
El espejo de Bukele
Hay muchas formas de debilitar una democracia. Una de las más efectivas es la receta aplicada por Nayib Bukele en El Salvador, tan apreciada por el presidente Rodrigo Chaves. Bukele logró controlar la presidencia, el parlamento, la corte suprema y los municipios. ¿Cómo lo hizo? Primero con una mayoría legislativa. Luego destituyó a la corte suprema sin respaldo legal, y finalmente impuso un régimen de excepción que, desde marzo de 2022, ha sido renovado en 30 ocasiones.
El régimen de excepción significa que libertades básicas, como el libre tránsito, la reunión pacífica o el habeas corpus, se suspenden. En ese contexto, una simple denuncia anónima puede llevar a prisión, como les ha ocurrido a más de 100 mil personas. Hoy, El Salvador tiene la tasa de encarcelación más alta del mundo —seguido por Cuba.
No quiero que Costa Rica siga ese camino. Da miedo pensar que un periodista independiente pueda terminar detenido por denunciar corrupción, basándose en una llamada anónima. De hecho, el medio salvadoreño El Faro opera hoy desde Costa Rica, tras ser perseguido por el régimen bukelista.
Conviene recordar las palabras del historiador británico Lord Acton: “El poder corrompe; el poder absoluto, corrompe absolutamente.” Bukele no es una excepción. El Faro ha documentado graves escándalos de corrupción entre sus allegados. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, El Salvador cayó de 35/100 en 2018 a 30/100 en 2024. Costa Rica, por comparación, obtuvo 58/100 ese mismo año.
Los imitadores locales
Regresemos a la pregunta central: ¿por quién votar el primero de febrero?
Para mí, la respuesta es simple: por quienes defienden la democracia costarricense, no por quienes buscan imitar a Bukele.
Esto excluye a la candidata oficialista Laura Fernández y a sus aliados de Nueva República, quienes han propuesto suspender garantías individuales en zonas de alta delincuencia, al mejor estilo salvadoreño. Fernández ha pedido además “40 diputados” en la Asamblea. ¿Por qué esa cifra? Porque 38 votos bastan para reformar la Constitución según el artículo 195. Con ese control, el oficialismo podría cambiar las reglas a su favor.
Podrían, por ejemplo, modificar el artículo 138, que exige un 40% de votos para ganar en primera ronda, o incluso el artículo 132, para permitir la reelección inmediata del presidente. La diputada oficialista Pilar Cisneros lo dijo claramente en octubre de 2025: si logran esa mayoría, impulsarán la reelección para un segundo mandato consecutivo. “No somos hipócritas”, afirmó. José Miguel Villalobos, candidato a diputado por Alajuela, ha hecho la misma promesa. Ninguna duda: siguen el libreto de Bukele y de los Ortega.
Un gobierno lejos de ser excelente
Alguien podría decir que se trata de dar continuidad a un buen gobierno. No lo creo. Incluso un gobierno excelente no debería continuar si su proyecto amenaza la alternancia y el equilibrio de poderes. Pero además, este no ha sido un excelente gobierno.
Es cierto: en 2024 y 2025 la economía creció más que el promedio latinoamericano, según el Estado de la Nación. Pero cuidado con los matices. América Latina tiene un crecimiento históricamente bajo —3,4% entre 2000 y 2008, y 1,97% entre 2010 y 2019, según el Banco Mundial. Costa Rica creció por encima, pero nada extraordinario.
Mientras tanto, la deuda del Estado con la CCSS superó los 4,4 billones de colones, casi el 9% del PIB a finales de 2025. Las listas de espera en la Caja alcanzaron récords históricos. En seguridad, los números son aún más alarmantes: 905 homicidios en 2023, frente a 588 en 2021. En 2024 fueron 879, y las proyecciones para 2025 no bajaron de 880. Pese a eso, el ministro de Seguridad declaraba que “los delitos están bajo control, salvo los homicidios”. Difícil decidir si reír o llorar.
El voto de la responsabilidad
No quiero aburrir al lector con más cifras, pero mi punto es claro: este gobierno ha tenido poco de excelente, aunque sus seguidores digitales —muchos de ellos troles— insistan en lo contrario.
Por eso, mi recomendación es simple y directa:
Vote por quien desee, menos por el continuismo encarnado por Laura Fernández.
Miguel Rojas Rodríguez
es economista y profesor de finanzas en la Universidad de Moncton, Canadá
miguel.rojas@umoncton.ca
