Defensoría pide al Presidente vetar Ley que permite negar información sobre casos de corrupción a periodistas

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La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó al Presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar la “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, aprobada la semana anterior por los diputados.

Esta Ley establece, entre otras cosas, la limitación para solicitar datos o indagar sobre la investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, como los casos Cochinilla o Diamante, información acumulada para prevención de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativo.

De acuerdo con la nueva iniciativa, toda información contenida en un expediente administrativo o judicial será confidencial y no se podrá indagar o darla a conocer a la luz pública.

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Para la Defensoría de los Habitantes es indispensable la prensa independiente a efectos de garantizar que el Sistema Político Democrático pueda detectar, atender y juzgar toda desviación de poder que favorezca el desarrollo de la corrupción en nuestro país.

Agrega que, la labor periodística es una vía a través de la cual las autoridades rinden cuentas ante la opinión pública, respecto a su quehacer institucional y por ello no se puede amordazar su ejercicio como forma de lucha contra la corrupción.

“Hago un llamado al Presidente de la República a vetar esta Ley que, claramente, atenta contra esta libertad en nuestro país. La Defensoría ha insistido en que la prensa constituye un componente fundamental en el ejercicio de la democracia, ya que no sólo garantiza la voz y la participación de los habitantes; sino que además a través de ella se exige transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública”, manifestó Crespo.

Por su parte, el presidente, Carlos Alvarado, argumenta que no puede vetar la “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia” ante la necesidad de un “criterio jurídico” de los ministerios respectivos y el poco tiempo que le queda a su Gobierno para ello.

Alvarado Quesada deja Zapote el domingo 8 de mayo, pero la desocupación de todas las oficinas comienza este viernes.

Mientras, la Defensoría de los Habitantes señala que los mandos públicos tienen el deber de mostrar apertura para recibir las consultas que se presenten, asumir la crítica constructiva, así como aclarar y brindar respuestas oportunas y razonadas cuando esta les son planteadas.

Insiste en que se debe propiciar un ambiente de inmediatez, transparencia y publicidad de la información, propia de una sociedad abierta, que reconoce como forma de gobierno el Estado social y democrático de derecho, que impide la censura directa o indirecta.

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