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    Policía de Nicaragua podrá intervenir llamadas telefónicas y allanar residencias sin orden judicial

    La propuesta del Gobierno de Daniel Ortega pretende reformar, al menos, ocho artículos del Código Procesal Penal.
    RedacciónRedacciónseptiembre 17, 2024 Internacional
    Expertos señalan que una vez aprobada la propuesta de reforma, se legalizará lo que en la práctica se aplica contra activistas pro-derechos humanos. Foto RRSS.
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    Una nueva reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua presentada ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, otorgaría superpoderes a la Policía para sobrepasar el debido proceso de investigaciones o juicios.

    Eso se lograría a través de allanamientos, decomisos, sustracción de equipos electrónicos-informáticos y solicitudes de información digital, ya sean llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización, sin necesidad de una orden judicial.

    La propuesta de reforma a la Ley (406) del Código Procesal Penal fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por violación a los derechos humanos y se prevé sea aprobada la próxima semana.

    La iniciativa pretende reformar, al menos, ocho artículos del Código Procesal Penal bajo el alegato de combatir “la obstrucción y dilación de los procesos” judiciales contra las personas investigadas por algún delito.

    Según la propuesta de reforma, en el artículo 230, la Policía Nacional recibe autoridad para requerir “información de los titulares de las líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización” entre otros.

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    La Policía también podrá incluso “incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias” y “suspender operaciones o transacciones financieras” sin necesidad de informar al acusado.

    Asimismo, la Policía podrá a través del Instituto de Medicina Legal o personal médico o de enfermería, y con autorización judicial previa, aplicar investigaciones corporales, incluyendo exámenes de fluidos biológicos y otras intervenciones físicas que estime necesarias, sobre los acusados.

    Expertos consultados indican que una vez aprobada la propuesta de reforma en la Asamblea Nacional, se “legalizará” lo que en la práctica ya se ha aplicado contra activistas pro-derechos humanos, periodistas independientes y líderes opositores.

    Fuente http://www.vozdeamerica.com

    Asamblea Nacional Daniel Ortega Nicaragua Policía Nacional Régimen Sandinista
    Redacción

       
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