San José, Costa Rica. Julio, 2025.
El Poder Judicial alcanzó una calificación nacional del 102,65% en su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) durante el año 2024, ubicándose en la categoría de “Excelencia” según los estándares establecidos por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Esta evaluación forma parte de la planificación estratégica en materia de sostenibilidad aplicada a todos los edificios judiciales del país, y permitió al Poder Judicial posicionarse en la franja verde más alta de cumplimiento ambiental.
Además, la institución fue seleccionada por el MINAE para recibir el reconocimiento “Excelencia Ambiental” en su IX Edición (2025), distinción que será entregada oficialmente en el último trimestre del año.
“Se les exhorta a mantener ese excelente desempeño, el cual se fundamenta en la buena coordinación de la Comisión, la promoción constante de buenas prácticas, un mecanismo consolidado para el registro de consumos, y el compromiso con la incorporación de criterios ambientales en las compras estratégicas”, señala el informe evaluador del MINAE.
Compromiso institucional con la sostenibilidad
Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial, celebró este logro como una muestra del compromiso sostenido del sector judicial con la protección del ambiente.
“Este resultado es reflejo del trabajo conjunto de todas las personas servidoras judiciales. El reconocimiento del MINAE nos posiciona entre las instituciones públicas con mejor desempeño ambiental, evaluando aspectos como el consumo de recursos, manejo de residuos, eficiencia energética y más”, afirmó Vargas Vásquez.
Acciones destacadas en gestión ambiental
Entre las iniciativas impulsadas por el Poder Judicial para fortalecer su perfil ambiental se encuentran:
- Construcción de edificios sostenibles, con certificaciones internacionales como LEED y EDGE.
- Campañas de reforestación y recolección de residuos.
- Protocolos de manejo de residuos en oficinas y sedes judiciales.
- El programa “Hacia Cero Papel”, que promueve la digitalización de procesos para reducir el consumo de papel.
- Coordinación interinstitucional y regional con organizaciones como la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.
El gestor ambiental del Poder Judicial, Eugenio Solís Rodríguez, explicó que el enfoque de trabajo durante 2024 se centró en dar seguimiento a los objetivos del Plan de Gestión Ambiental Institucional 2022-2026, con énfasis en la medición de indicadores clave.
“Coordinamos con subcomisiones ambientales en distintos circuitos judiciales, desarrollamos actividades de sensibilización con el personal y acciones comunitarias como jornadas de reforestación y donación de árboles. También damos seguimiento a métricas periódicas sobre el consumo de recursos en las edificaciones judiciales del país”, detalló Solís.
El Poder Judicial reafirma así su compromiso con el desarrollo sostenible, la mejora continua y la responsabilidad ambiental, posicionándose como una de las instituciones públicas más destacadas en esta materia en Costa Rica.
