La Defensoría de los Habitantes pidió que el informe final elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) sobre la delimitación de áreas boscosas en la franja contigua al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) sea sometido a una validación técnica independiente.
El órgano defensor recomendó que la revisión esté a cargo de la sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que cuenta con acreditaciones internacionales bajo normas ISO, con el fin de asegurar una verificación imparcial y científica del estudio.
Dudas sobre la metodología del MINAE
El pedido de la Defensoría surge tras analizar el informe presentado en cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional del 7 de marzo de 2025, mediante la cual se dio seguimiento a fallos previos emitidos en 2019 y 2024.
Si bien reconoce que el MINAE acató en lo sustancial las órdenes del máximo tribunal, la Defensoría advierte que persisten dudas razonables sobre la suficiencia y pertinencia de la metodología empleada. Estas observaciones se agrupan en tres ejes críticos: delimitación de zonas boscosas, tratamiento del bosque anegado y ausencia de una validación externa real.
Posible omisión de principios ambientales
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el MINAE basó su análisis en la cobertura forestal existente en 2025, lo cual —según la Defensoría— podría legitimar pérdidas ambientales ocurridas durante la vigencia de la Ley 9223, posteriormente declarada inconstitucional.
Ese enfoque, afirma la institución, contradice principios ambientales fundamentales como la “irreductibilidad del bosque”, la “no regresividad ambiental” y la “recomposición ambiental”, los cuales obligan al Estado a restaurar ecosistemas degradados y no a excluirlos de su protección jurídica.
Falta de claridad en la cartografía del bosque anegado
Otro aspecto que genera preocupación es la ausencia de un tratamiento específico del bosque anegado, un ecosistema distinto al bosque general y con alto valor para la biodiversidad del Caribe Sur.
Aunque el informe reconoce zonas inundables y su relación con el Patrimonio Natural del Estado, no garantiza que el bosque anegado haya sido cartografiado e integrado formalmente, como lo sugirieron tanto la Defensoría como la Procuraduría General de la República.
Requieren una revisión imparcial
Finalmente, la Defensoría señaló que la validación realizada por el FONAFIFO no puede considerarse independiente, dado que este órgano está adscrito al MINAE y carece de competencias para elaborar peritajes ambientales.
Por ello, solicitó a la Sala Constitucional que ordene una evaluación técnica totalmente imparcial, a cargo de un ente externo y ajeno al proceso judicial, para garantizar que los resultados del estudio del MINAE se ajusten científicamente a la realidad del terreno.
Defensa del derecho a un ambiente sano
La institución subraya que este paso es esencial para proteger el derecho fundamental de los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, así como para asegurar la correcta delimitación y conservación de las áreas boscosas que conforman el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las zonas de mayor riqueza ecológica del Caribe costarricense.
