Especialistas indican que el “Reglamento para la Calidad de Agua Potable” vigente en el país, carece de bases técnicas y científicas que tomen en cuenta las características específicas del país y aspectos importantes para el uso de plaguicidas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la prohibición debería de plantearse basada en un análisis de riesgo cuando otras medidas de control o prácticas comerciales resulten ineficientes.
En Costa Rica, el “Reglamento para la Calidad de Agua Potable” establece los límites máximos de plaguicidas permitidos en el agua, con el objetivo de salvaguardar la inocuidad y la salud de la población. A pesar de esto, numerosos expertos señalan que dicha normativa, adoptado de la Unión Europea, carece de un análisis de riesgo que tome en cuenta las características únicas del país y aspectos esenciales para el uso de plaguicidas.
En ese sentido, los especialistas plantean interrogantes sobre la idoneidad de las medidas actuales en relación con las condiciones locales y la necesidad de una evaluación más exhaustiva para garantizar la seguridad hídrica en el contexto costarricense.
El experto químico y regulador, Kevin Armbrust, integrante del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Louisiana, habló acerca de la importancia de estos análisis de riesgo, antes de considerar cualquier política regulatoria o la prohibición de productos.
“Los países deberían tener programas regulatorios para productos que potencialmente podrían terminar en el suministro de agua. Pero todos deberían ser programas basados en un análisis de riesgo, en función de si el producto está en el agua, en el suelo o en los alimentos, y cuál es la exposición a los organismos particulares, cuál es la toxicidad para los organismos particulares y los modelos de riesgo que se han involucrado y que se han establecido y tomar ambos en cuenta” indicó Armbrust.
Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) consideran importante la evaluación de riesgos como paso previo a contemplar la prohibición de plaguicidas, cuando otras medidas de control o prácticas comerciales adecuadas sean insuficientes.
Greivin Pérez, investigador del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), destaca la importancia de incorporar un análisis de riesgo al evaluar cualquier decisión política relacionada con el uso de plaguicidas. El científico señala la necesidad de considerar aspectos técnicos, realizar estudios toxicológicos y analizar la situación antes de tomar decisiones. Pérez enfatiza que es crucial explorar alternativas para determinar si las cantidades detectadas en el agua podrían tener efectos adversos en la salud humana o en el entorno ambiental, antes de proceder con cualquier medida.
Según el “Reglamento para la Calidad de Agua Potable,” que establece los Valores Máximos Admisibles (VMA) para residuos de plaguicidas, el rango permitido en agua potable en Costa Rica es de 0.1 microgramos por litro (μg/l) para todos los plaguicidas.
Recientemente, el Colegio de Químicos emitió un comunicado en el que subraya la necesidad de una revisión integral del “Reglamento para la Calidad de Agua Potable” ya que argumentan que, cada plaguicida posee características fisicoquímicas distintas, generando parámetros de toxicidad, solubilidad en el agua, persistencia e ingesta diaria admisible únicos. Por lo tanto, no es viable establecer un mismo valor máximo admisible para todos los plaguicidas.
Además, señalan que, al adoptar criterios internacionales, no se consideraron aspectos cruciales para el uso de plaguicidas, como el tipo de incidencia de plagas, el tipo de suelos, las condiciones ambientales y meteorológicas, y el tipo de cultivos propios del contexto de cada país. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus “Guías para la Calidad de Agua Potable,” sugiere que, para desarrollar un marco reglamentario, cada país debe examinar sus necesidades y capacidades.
Por su parte, Jorge Cartín, ingeniero agrónomo y director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), mencionó que, la normativa nacional establece VMA de plaguicidas tampoco siguen esquemas científicos recomendados por organizaciones internacionales como la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y agencias regulatorias como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la de Australia.
“En la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), consideramos que la solución para la reglamentación del uso de plaguicidas no consiste en prohibir, sino en realizar un análisis de riesgo y, basándose en los resultados, plantear alternativas”, concluyó Cartín.
Antes de 2015, la regulación para establecer los niveles máximos permitidos de agroquímicos en el agua era acorde a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Agencias Regulatorias internacionales que aplican estándares científicos. Sin embargo, en ese mismo año se adoptó en Costa Rica, una nueva norma que establece un mismo valor máximo para todos los agroquímicos por igual.
