Buena parte de la riqueza natural de Costa Rica se encuentra en sus aguas, pero, las nuevas modalidades de pesca ilegal comprometen la estabilidad de los recursos pesqueros y marítimos en general, reconocen autoridades.
Alejandro Alpízar, Fiscal ambiental, precisó que los peces son un bien de dominio público y que la Ley de pesca y acuicultura establece que para su explotación, se debe contar con una licencia, por lo que cualquier actividad realizada al margen de esa regulación es ilegal.
“Esta regulación es necesaria porque todos tenemos derecho de aprovechar el recurso para generar riqueza y bienestar, pero que ese uso sea sostenible para que no se llegue a agotar; el recurso marino es renovable, lo que significa que debemos darle espacio para que el producto que se extrae se reproduzca en forma natural y se mantenga un equilibrio en la cantidad”, explicó la autoridad judicial
La forma más frecuente de pesca ilegal en nuestro país consiste en realizar la actividad sin licencia o con el permiso vencido.
También, hacerlo sin apegarse a los términos establecidos, por ejemplo, utilizando artes de pesca distintos a los autorizados, haciendo uso de venenos o explosivos, o irrespetando los tiempos de veda y el tamaño mínimo que deben tener las especies para ser pescadas.
Adicionalmente, el Fiscal dijo que, algunas personas no recogen las redes u olvidan retirarlas, ello genera lo que se conoce como “pesca fantasma”, ya que no hay un ser humano manipulándolas.
“Esas redes van a estar a la deriva, capturado constantemente peces que nadie aprovecha, y van a generar un impacto que nadie puede controlar ni detener”, advirtió Alpízar.
El fiscal adicionó que, gracias a la colaboración de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, existen reportes de barcos que llegan desde otras partes del mundo, realizan faenas de pesca en aguas costarricense y luego se marchan, sin visitar el puerto y, por consiguiente, sin contar con autorización ni dejar al país una retribución económica.
Frente a esa realidad, el Ministerio Público dispuso que todas las causas sean tramitadas bajo la modalidad expedita de flagrancia, para buscar resolverlas de forma rápida y garantizar una protección eficiente de los recursos marinos.
