El Gobierno de Nicaragua inició el año 2023 prohibiendo diferentes actividades religiosas en el país y acelerando procesos judiciales contra sacerdotes, denunciaron organizaciones y laicos a la Voz de América.
El 1 de enero se prohibió a nivel nacional la procesión de Jesús Sacramentado.
Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo que se debió a “motivos ajenos a nuestra voluntad”. Esa actividad era una de las más concurridas de los feligreses católicos.
“La policía vino a decirnos que estaba prohibida la procesión para no alterar el orden público, pero al parecer fue algo nacional”, comentó a la VOA otro religioso, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
De igual forma han sido prohibidas otras seis procesiones más en lo que va de enero en diferentes puntos del país, incluyendo una que se pretendía realizar en Chinandega, al norte de la capital, el 5 de este mes.
La parroquia de esa localidad informó en sus redes sociales que la suspensión fue “por orientación de las autoridades”.
Silencio de las autoridades
Hasta el momento, ni el presidente Daniel Ortega, ni las autoridades policiales se han referido directamente a las prohibiciones.
Sin embargo, los juicios contra los sacerdotes en el país han continuado. El obispo Rolando Álvarez, crítico al presidente Ortega, fue remitido a juicio este 10 de enero, tras ser acusado por la fiscalía de conspiración y de propagar noticias falsas.
Mientras que el sacerdote Oscar Benavidez, párroco de una iglesia en el Caribe Norte de Nicaragua, enfrenta juicio este misma semana, luego de ser acusado de los mismos delitos que se le imputaron a Álvarez.
Los críticos a Ortega, entre ellos Martha Patricia Molina, una abogada que ha realizado, al menos, dos investigaciones relaciones con las agresiones a la Iglesia en Nicaragua, consideran que estos procesos judiciales están viciados.
Molina dijo que “la dictadura sandinista ha iniciado el año 2023 de una manera agresiva en contra de la iglesia católica, y si continúa con la misma intensidad en sus hostilidades, podría ser este año peor o igual que 2022”, cuando se registraron más de 140 agresiones contra los prelados y la institución que representan. Además se abrieron 15 procesos penales en contra de sacerdotes de la Iglesia católica.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha tildado a la Iglesia católica de “golpista” por albergar a manifestantes en los templos durante las protestas antigubernamentales en 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder, también ha llamado “falsos profetas” a los sacerdotes por pedirle que cese las violaciones a los derechos humanos.
