La ruta nacional 1856, paralela al río San Juan y conocida también como la Trocha Fronteriza, parece tierra de nadie.
El abandono que muestra esta carretera, donde el Estado invirtió miles de millones de colones durante el Gobierno de Laura Chinchilla, ha dado pie a diversas actividades ilícitas, tales como el supuesto cobro de peajes a su paso por cantones como Sarapiquí.
En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad reveló que recibieron información confidencial de que en las comunidades de Tambor, Remolinito y Cureña, sobre esta vía nacional, habían sido colocadas cercas de troncos y alambres de púas para impedir el libre tránsito de peatones y vehículos.
Incluso, se mencionó que, presuntamente, en algunos puntos estaban cobrando peajes a las personas para que pudieran pasar.
Ante la situación denunciada, los policías de fronteras llevaron a cabo un operativo y ubicaron un total de 16 cercas colocadas de forma ilegal, en un trayecto aproximado de 15 kilómetros de longitud.
“(…) Con el fin de eliminar estos obstáculos, armados con sierras, machetes y cizallas, los oficiales se dieron a la tarea de cortar los alambres y los postes de todas las cercas que se colocaron en esa zona fronteriza”, indica un comunicado de Seguridad Pública.
El director de la Policía de Fronteras, comisionado Adrián Salazar, indicó que su labor ha consistido en restablecer el libre tránsito sobre el derecho de vía en esta ruta nacional y vigilar que se mantenga.
El principal interés de las autoridades es tener presencia policial en ese sector, para garantizar la soberanía costarricense y que esas situaciones no vuelvan a presentarse.
Se informó que en esta operación policial participan también funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
La construcción de la Trocha Fronteriza se considera como el primer mega caso de corrupción en obra vial que ha tenido Costa Rica, sin tener una sentencia hasta la fecha.
Fue en mayo de 2012 cuando la propia Presidenta Chinchilla denunció la presunta entrega de dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), a cambio de avalar pagos ilegales a empresarios de las constructoras MECO, H. Solís y Cacisa, entre otras.
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