Ausencias: Apreciaciones sobre el presupuesto.

Poco o nada se hace por revertir las condiciones que hacen que, en promedio, en Costa Rica, se pierdan cerca de 900 millones de dólares anualmente, solo en términos de evasión y elusión fiscal.

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Opinión de Melina Ajoy Palma, Diputada

La actividad presupuestaria presenta una clara constricción, una disminución considerable entre el presente año y el estimado para el 2023. Por ejemplo, en cuanto a los ingresos, si bien éstos presentan un aumento del 16% en términos reales, pasando de 6.077.966 a 7.252.557 miles de colones, dicho porcentaje está aderezado principalmente por la recaudación del Impuesto sobre el Valor Agregado, que, con respecto al año anterior, observaría un aumento del 20.74%.

Debe indicarse que el 2023, de acuerdo con lo presupuestado, puede resultar el año en que se supere la recaudación esperada del impuesto sobre la renta, con respecto a dicho impuesto al consumo. Esta condición tiene varias consecuencias: se pone excesiva presión sobre en las posibilidades de la demanda interna para financiar la actividad de lo público, eso constituye una clara erosión de las capacidades de la institucionalidad para hacer frente a las necesidades de las diversas poblaciones, especialmente de las más vulnerables.

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En 2023, la recaudación del IVA excedería en 143.803 miles de colones al Impuesto sobre la Renta. Aquí entra en juego la segunda consideración: la fiscalidad laboral repuntó en la mayoría de países de la OCDE y nuestro país no es la excepción. De hecho, la publicación Impuestos sobre los salarios2022 (Taxing Wages 2022) ya se muestra que el incremento de la renta de los hogares en 2021, junto con la reversión de políticas fiscales vinculadas a la pandemia, impulsó el aumento de los impuestos efectivos sobre los salarios en la OCDE.

Esto supone un cambio de tendencia a partir de 2020, cuando la pandemia provocó una reducción significativa de la cuña fiscal, definida como los impuestos totales sobre el trabajo pagados tanto por los empleados como por los empleadores, menos las prestaciones familiares, como porcentaje del costo laboral para el empleador.

Tales dos condiciones se conjugan para ejercer una presión desbalanceada sobre las actividades de las personas, deprimiendo la capacidad adquisitiva de los hogares, minando las posibilidades de las personas de hacer frente a sus necesidades corrientes. En otras palabras, poniendo el costo de las crisis, sobre los hombros de las personas. Esto tiene fuertes implicaciones desde la óptica de las familias, sobre todo en consideración de la reciente ola inflacionaria que ya todos sentimos.

Pero, cabe denunciar, que poco o nada se hace por revertir las condiciones que hacen que, en promedio, en Costa Rica, se pierdan cerca de 900 millones de dólares anualmente solamente en términos de evasión y elusión fiscal. Pero no solo eso, además nuestro país paga, en términos de valor accionario, 392 millones de dólares a los propietarios últimos de las compañías multinacionales localizadas en paraísos fiscales.

Es grave que se insista en poner el peso de las reformas de carácter macro-fiscal sobre los hombros de la gente, el financiamiento de las crisis (COVID, crisis de los contenedores, crisis de las cadenas de valor, deuda) no puede recaer con tal absolutismo sobre las familias y los trabajadores, sobre todo considerando que es nulo lo que se hace por recobrar los casi seis puntos porcentuales del PIB que perdemos periódicamente en términos de elusión y evasión.

En perspectiva interna, es el pago en intereses de la deuda lo que está dinamitando las capacidades del Estado, haciendo un uso superfluo e ineficiente de los escasos recursos con los que se puede disponer. Sobre todo, cuando estamos ante una coyuntura en la que la regla fiscal ha constreñido, basándose en una dogmática fiscalista y contable (continuista del gobierno anterior) en la que se premia el resultado numérico por encima de las capacidades para hacerle frente a las necesidades reales de la población, siendo esto un absurdo basado en argumentativas más cercanas a la metafísica del miedo que a la ciencia, la técnica y la realidad del día a día de la gente.

Desde esta perspectiva, deben hacerse algunos ajustes, por ejemplo, revisar la regla fiscal, pero en perspectiva integral y no individual, la dispersión normativa puede crear más problemas de los que pretendería resolver. Una propuesta en esta línea fue la elaborada por los investigadores de la Universidad Nacional Morales y Rodríguez, que corrige algunos despropósitos técnicos y vale la pena valorarla.

Se debe prestar especial atención a los proyectos que cierran portillos en la legislación tributaria, como el proyecto N°22.166 o Ley para la Inclusión de la Renta Mundial en la Legislación costarricense, que permitiría redimensionar las capacidades de la Administración a los efectos de dar mayor alcance a las rentas que se relocalizan al extranjero.

Además, debemos hacer una revisión exhaustiva de la normativa tributaria a los efectos de hacerla coincidir verdaderamente con las mejores prácticas internacionales como las propuestas por la OCDE en el marco de las reglas para evitar la erosión de la base tributaria y la relocalización de capitales.

Debemos abandonar la idea de que el resultado fiscal es un fin en sí mismo, dado que esto desvirtúa el verdadero propósito de toda política pública: la gente.

De continuar con medidas como las que hasta hoy se siguen perpetuando en la elaboración de la política fiscal, tendremos la tormenta perfecta para profundizar la ya de por sí grave, desigualdad en la distribución del ingreso; nuestro país ha venido sufriendo un proceso de peligrosa concentración de la riqueza disponible que pone en riesgo hasta la garantía de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tal como lo ha dicho OHCHR de las Naciones Unidas.

Sí, entre más crezca la economía, más impuestos recauda el Gobierno. Una economía dinámica es la mejor forma de recaudar más, pero una vez más el gobierno queda debiendo en esa área.  No se ha mostrado una solo idea de reactivación económica y poco o nada se hace por combatir los despropósitos aquí mencionados; por el contrario, el presupuesto discutido reproduce muchos de esos mismos vicios.

Cabe recordar que todo recorte, toda laceración y mutilación de los programas que atienden la inversión social, so pena de destinar recursos al pago de intereses, implica una franca disminución de capacidades, que pueden dejar en ruinas el Estado Social de Derecho del que tanto nos preciamos.

No es recomendable continuar con el debilitamiento de programas solidarios: Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, redes de cuido, asociaciones de desarrollo, hogares para adultos mayores, apoyo a las PYMES, entre muchas otras demandas. No podemos continuar con la inercia presupuestaria y la dogmática fiscalista.

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