Al menos, 63 personas fueron detenidas de forma arbitraria en Nicaragua durante el mes de mayo por el gobierno de Daniel Ortega y de ellas, 55 en una sola noche-, denuncia la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades a detener la represión contra la disidencia.
Marta Hurtado, portavoz del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense utiliza el poder judicial para perseguir y “silenciar a sus críticos” mediante acusaciones por los supuestos delitos de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
Hurtado destacó que en una sola noche, la del pasado 3 de mayo, 55 personas fueron arrestadas en distintos puntos de Nicaragua y acusadas por esos delitos.
“Entre ellas, había defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica”, dijo.
“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”, denunció la informante.
La portavoz cuestionó, además, la inhabilitación también en mayo, de 26 abogados nicaragüenses, a quienes el gobierno les suspendió sus títulos por considerarlos críticos. También reprochó las medidas adoptadas contra personas vinculadas a la Iglesia católica.
Al respecto, se refirió al detenido obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en una cárcel de Managua donde “no tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”.
Hurtado dijo que Ortega acusa a la Iglesia católica de apoyar “lo que denomina el terrorismo y la desestabilización” y aseguró que en los últimos días se congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis, a las que se investiga por presunto lavado de dinero.
La portavoz del Alto Comisionado urgió al gobierno de Ortega a detener la persecución de la disidencia y a liberar a los opositores encarcelados.
Según fuentes de la oposición, en Nicaragua hay ahora 47 personas detenidas, consideradas presos políticos.
Hurtado pidió al gobierno de Managua aceptar la vía del diálogo para resolver “la crisis actual” y dijo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU “está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos” en el país.
