La Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recomendó al Poder Judicial levantar el secreto bancario del diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, actual presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con el fin de esclarecer el origen de varios depósitos vinculados a su precandidatura presidencial dentro del Partido Liberación Nacional (PLN).
Según publicó este martes el medio digital CRHoy.com, la propuesta de la OECDO busca analizar los movimientos financieros de Jiménez para determinar de dónde provino el dinero utilizado en su inscripción partidaria y si hubo aportes de terceros o donantes con posibles vínculos irregulares.
El legislador ha afirmado en declaraciones anteriores que los ₡20 millones pagados para su inscripción fueron cubiertos con sus propios ahorros. También reconoció que allegados y simpatizantes pudieron haber colaborado con pequeñas contribuciones, pero insistió en que sus cuentas están abiertas a cualquier revisión judicial.
En el marco de la investigación, el OIJ habría identificado comunicaciones telefónicas entre Jiménez y el empresario y abogado aserriceño Agustín Corrales Chavarría, quien fue investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el caso Televisa y relacionado con el extraditable Celso Gamboa Sánchez dentro del expediente Turesky.
El rastreo de llamadas, que abarcaría desde julio de 2022 hasta diciembre de 2024, indica que el diputado habría usado una línea asignada por la Asamblea Legislativa para comunicarse tanto con Corrales como con una mujer de apellido Torelli, pareja sentimental del abogado.
En una comparecencia ante el Plenario, Jiménez aseguró haberse puesto a disposición de las autoridades judiciales y manifestó su disposición a colaborar con cualquier requerimiento en la investigación.
CRHoy también reveló que, además de las llamadas, Corrales y Jiménez habrían sostenido reuniones en la oficina legislativa del diputado en mayo de 2023. Corrales es recordado por haber sido investigado tras el decomiso de $9,2 millones de dólares en Peñas Blancas en diciembre de 2012, dinero que viajaba oculto dentro de supuestas unidades móviles de televisión del canal mexicano Televisa.
