Diputado denuncia que “justicia pronta y cumplida” está en deuda frente a condena de Alcalde

Jorge Rojas lamenta que, las autoridades “se tiren la pelota”, pese a resolución de Sala Tercera que inhabilitó a Córdoba para el ejercicio de cargos públicos.

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El diputado oficialista, Jorge Antonio Rojas, comparó el tema de la sentencia condenatoria en firme contra Alfredo Córdoba Soro, Alcalde de San Carlos, con un partido de fútbol.

Lo hizo en el Plenario Legislativo, al denunciar esta semana que jueces penales, magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y regidores municipales se tiran la pelota en una cancha donde la derrota golpea a “la justicia pronta y cumplida” y la deja en deuda ante la opinión pública.

De manera cronológica, el diputado oficialista narró que, en 2003, el jerarca municipal Sancarleño cometió el delito por el que se le sentenció.

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En el 2015, la Contraloría General de la República (CGR) interpuso la denuncia penal contra el Alcalde y en 2016, la Municipalidad de San Carlos fue allanada en busca de pruebas mediante el decomiso de documentos.

“16 años después se dictó la sentencia por parte del Tribunal Penal de Hacienda contra Córdoba, se le declaró culpable de nombramiento ilegal, se le sentenció a pagar 60 días multa y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis meses”, detalló el legislador en su intervención.

Dicha resolución fue apelada por la defensa legal de Córdoba, pero, el 18 de febrero de 2022, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una parte de la sentencia dictada el 12 de noviembre del 2019, que lo declaró culpable de dos delitos de nombramiento ilegal.

Esta causa está relacionada con la designación de Wilbert Rojas Cordero como Administrador Municipal, sin cumplir con los requisitos establecidos para ejercer ese puesto.

 “El Alcalde Sancarleño quedó notificado de forma automática al haberse leído la sentencia de forma integral, cinco días después de la realización de la audiencia, cosa que para el señor Córdoba resultó irrelevante y sigue ocupando el puesto de Alcalde. Lo interesante es que a la fecha se desconoce que sucedió con la sentencia en firme”, cuestionó Rojas.

La inhabilitación del Alcalde de San Carlos, según la sentencia condenatoria en firme, rige desde el 18 de febrero hasta el 18 de agosto de este año.

Además de la inhabilitación por seis meses para el ejercicio de cargos públicos, el jerarca municipal Sancarleño fue condenado al pago de 60 días multa, luego de ser declarado culpable de dos delitos de nombramiento ilegal. Foto cortesía.

“Me pregunto qué va a pasar porque de 180 días de la pena, quedan apenas 41 y no se ha cumplido. Y, el Concejo Municipal ha contribuido a crear un clima de incertidumbre legal y operativo, aparentemente, evitando por todos los medios posibles discutir cualquier moción que se presente con relación al caso y contribuyendo con ello a la impunidad”, puntualizó el legislador Sancarleño.

Para el diputado Rojas, la posición de los regidores municipales del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana, que por mayoría acordaron enviar el caso a la asesoría legal, está contribuyendo a una impunidad absoluta y vergonzosa.

“La bola sigue rodando, Mientras todo lo anterior se da y el tiempo sigue transcurriendo, el señor Alcalde sigue en su despacho, sentado en su silla, ejecutando labores y emitiendo órdenes desde su cargo, sabedor de su situación legal y todavía hablamos de justicia pronta y cumplida”, lamentó el legislador.  

En relación con este caso, el TSE le pidió al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el pasado 27 de mayo, que le certificara si existía una condena en firme contra el Alcalde de San Carlos por el delito de nombramiento ilegal.

Los magistrados del máximo órgano electoral actuaron a partir de que la Vicealcaldesa, Karol Salas, les informara de la sentencia judicial condenatorio contra Córdoba.

Según el Código Municipal, en el artículo 18, será causa automática de pérdida de la credencial de alcalde municipal el hecho de “ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos”, pero todavía las autoridades no han anunciado ninguna decisión al respecto.

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