Crímenes de odio recibirán penas de hasta 35 años de prisión a partir de ahora

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El presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, sancionaron este lunes la ley “Adición de un inciso 11) al Artículo 112 del Código Penal, Ley N°4573, de 4 de mayo de 1970”, que incrementa las penas de prisión entre 20 y 35 años.

La reforma señala como crimen de odio al homicidio calificado que suceda a causa de la nacionalidad, raza, edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.

Modificación legal coloca a Costa Rica en sintonía con la normativa internacional en materia de protección de los derechos humanos e igualdad a las personas o poblaciones que han sido históricamente violentadas y perseguidas por motivos de prejuicios sociales e intolerancia. 

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Enrique Sánchez, diputado proponente de la reforma, expresó que “las autoridades judiciales podrán investigar si el odio es la motivación de homicidios, lesiones y agresiones que sean sospechosos de esa causa y si se demuestra que así fue, los tribunales podrán imponer sanciones más altas”.

“Con ello, se reconoce que el impacto y la conmoción social son aún mayores en homicidios por odio, y permite además generar una estadística que hoy se encuentra invisibilizada”, precisó el diputado Sánchez durante la actividad, que tuvo lugar en Casa Presidencial.

En el acto también estuvieron presentes Enrique Joseph, comisionado para Asuntos de la Afrodescendencia, y Jota Vargas, persona comisionada para Asuntos LGTBI+, así como representantes de diferentes organizaciones y movimientos sociales.

Para el presidente Alvarado, la calificación de `crímenes de odio’ en nuestro Código Penal “busca fortalecer y actualizar el régimen costarricense de protección a los derechos humanos y la igualdad de las personas y poblaciones, en específico, a aquellas que han sido históricamente violentadas y perseguidas por el azar de haber nacido con determinada nacionalidad, etnia, discapacidad o tener una orientación sexual distinta diveresa”.

“Ninguno de estos motivos le pueden quitar la paz a ningún ciudadano o ciudadana de un país democrático”, subrayó el mandatario.

Por su parte, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, manifestó que el país por vocación ha escogido el camino de la prevención de la violencia y esa debe ser la senda para no tener que lamentar crímenes de este tipo, educar y formar a la ciudadanía, principalmente a la niñez, adolescencia y juventud para construir una sociedad inclusiva en la que se tenga plena conciencia de que cabemos todos y todas en nuestra diversidad, y para resolver los conflictos con respeto, tolerancia y apertura”.

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