Por Luisa Chacón
Regidora de la Municipalidad de San Carlos
La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, produjo una comprensible sensación de alivio en el país.
Durante años fue señalado por las autoridades como una de las figuras más relevantes dentro de la criminalidad organizada costarricense. Su detención se produjo después de una operación compleja del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, que incluyó un enfrentamiento armado y permitió capturar también a otras dos personas de interés para las autoridades.
Esta acción merece reconocimiento.
Lo merece el personal que participó directamente en el operativo, pero también quienes durante meses o años recopilaron información, realizaron vigilancias, analizaron evidencia, coordinaron con otras instituciones y sostuvieron una investigación que finalmente permitió localizar y detener a una persona que figuraba entre las más buscadas del país.
Sin embargo, además de celebrar el resultado, deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿cómo espera Costa Rica continuar enfrentando organizaciones criminales cada vez más complejas si, al mismo tiempo, reduce los recursos de las instituciones encargadas de investigarlas, acusarlas y juzgarlas?
No podemos exigirle al Poder Judicial que produzca resultados extraordinarios y, simultáneamente, debilitar las condiciones materiales que hacen posibles esos resultados.
Un operativo no comienza el día de la captura
Cuando observamos imágenes de un despliegue policial, solemos pensar únicamente en los vehículos, las armas, los agentes y el momento de la detención.
Pero una operación contra el crimen organizado comienza mucho antes.
Requiere investigadores, fiscales, analistas, peritos, tecnología, comunicaciones seguras, vehículos, combustible, vigilancia, protección de testigos y víctimas, coordinación internacional y suficientes personas para atender tanto los casos de alta complejidad como los miles de asuntos ordinarios que continúan ingresando diariamente.
También necesita jueces que puedan conocer las solicitudes y resolver conforme a derecho, defensores públicos que garanticen el debido proceso y personal especializado que permita que las causas no se pierdan por atrasos, falta de pruebas o deficiencias operativas.
Por eso, reducir el presupuesto del Poder Judicial no es un asunto contable separado de la seguridad ciudadana.
Cada colón que deja de destinarse a vehículos, tecnología, peritajes, personal y presencia territorial puede traducirse en investigaciones más lentas, allanamientos que deben postergarse, menor atención a las víctimas y más dificultades para enfrentar estructuras criminales que sí disponen de dinero, armas, tecnología y redes internacionales.
La Asociación Costarricense de la Judicatura ha advertido que el debilitamiento presupuestario puede provocar mayores retrasos, limitar la presencia judicial en las comunidades y restringir la capacidad para incorporar los recursos indispensables ante el crecimiento de la criminalidad organizada. También ha recordado que defender el presupuesto judicial no significa defender privilegios, sino proteger el acceso de la ciudadanía a tribunales, fiscalías, defensa pública, investigación criminal y atención a víctimas.
Desde los cantones también debemos alzar la voz
Algunas personas podrían preguntarse por qué un concejo municipal debe pronunciarse sobre el presupuesto de un poder de la República.
La respuesta es sencilla: porque las consecuencias de una justicia debilitada llegan directamente a cada cantón.
Los gobiernos locales conocemos las preocupaciones de las comunidades. Escuchamos a quienes temen por el crecimiento de la violencia, a las familias afectadas por delitos, a las personas que esperan una resolución judicial y a quienes viven lejos de los principales centros urbanos y dependen de que las instituciones mantengan presencia efectiva en el territorio.
Por eso solicité que el Concejo Municipal de San Carlos no se limitara a dar por vista la moción aprobada originalmente en Turrialba, sino que respaldara activamente el llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para no disminuir los recursos del Poder Judicial y de las instituciones vinculadas con la seguridad.
La propuesta recibió el apoyo de ocho de los nueve integrantes del Concejo Municipal de San Carlos. No fue una decisión partidaria ni una defensa automática de una institución. Fue una posición en favor de la seguridad, la separación de poderes y la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.
Ese pronunciamiento fue posteriormente reconocido por la Asociación Costarricense de la Judicatura, que destacó la importancia de que los gobiernos locales comprendan que limitar los recursos judiciales termina afectando a las personas habitantes de cada comunidad.
La austeridad no puede aplicarse sin distinguir prioridades
El manejo responsable de los recursos públicos es indispensable.
Todas las instituciones deben rendir cuentas, revisar sus gastos, corregir ineficiencias y demostrar que utilizan adecuadamente el dinero de la ciudadanía. Defender un presupuesto suficiente no significa extender un cheque en blanco ni oponerse a la fiscalización.
Pero existe una enorme diferencia entre exigir eficiencia y reducir capacidades esenciales.
Para 2027, el límite presupuestario establecido por el Ministerio de Hacienda representa una reducción aproximada de ₡11.300 millones respecto al presupuesto judicial de 2026. Las autoridades de planificación del Poder Judicial han advertido que esto obligaría a disminuir inversiones en vehículos, digitalización, automatización y seguridad institucional, precisamente cuando aumentan la complejidad de los asuntos penales y las cargas de trabajo.
El Poder Judicial también ha alertado sobre reducciones adicionales que podrían comprometer operaciones del OIJ y servicios de atención a víctimas.
Estas advertencias deben analizarse con seriedad y no descartarse como una disputa entre instituciones.
El crimen organizado no se detiene por falta de presupuesto. Al contrario: aprovecha cada debilidad del Estado, cada retraso, cada vacío territorial y cada limitación técnica.
Seguridad y democracia no son caminos separados
Un Poder Judicial fuerte no solo es necesario para capturar delincuentes.
También garantiza que las investigaciones respeten la ley, que las personas acusadas tengan derecho a defenderse, que las víctimas sean escuchadas y protegidas, y que ningún gobernante, funcionario o grupo económico se encuentre por encima del ordenamiento jurídico.
La independencia judicial requiere autonomía para resolver, pero también condiciones materiales para trabajar.
Una institución puede ser formalmente independiente y, aun así, quedar debilitada si no dispone de personal, infraestructura, tecnología y capacidad operativa suficientes. La falta de recursos puede convertirse en una forma silenciosa de deterioro institucional.
Costa Rica debe combatir la criminalidad con firmeza, pero también dentro del Estado de derecho. Ambas cosas exigen un sistema judicial capaz, independiente y suficientemente financiado.
No esperemos otro caso para comprenderlo
La captura de alias “Diablo” no significa que el problema de la criminalidad organizada haya terminado. Tampoco debería convertirse en una fotografía aislada que celebremos hoy y olvidemos mañana.
Debe servirnos para comprender cuánto trabajo institucional existe detrás de un resultado de esta magnitud y qué está en juego cuando se debilita a quienes deben producirlo.
No sería coherente felicitar al OIJ y a la Fiscalía por una operación exitosa y, acto seguido, quitarles vehículos, tecnología, personal o capacidad para realizar las siguientes.
Desde San Carlos hacemos un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que, durante la discusión presupuestaria, protejan los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial y sus órganos auxiliares.
El presupuesto debe revisarse con responsabilidad, transparencia y rigor. Pero la lucha contra la criminalidad, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia no pueden tratarse como gastos prescindibles.
No se combate el crimen debilitando a quienes deben investigarlo. No se fortalece la seguridad reduciendo la capacidad de respuesta del Estado. Y no podemos pedirle al Poder Judicial que capture a los delincuentes más buscados con una mano mientras, con la otra, le quitamos las herramientas para hacerlo.
