El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y urgió a las autoridades del país a actuar, inmediatamente, para proteger los derechos de esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado.

En su evaluación sobre el país centroamericano, el Comité lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen y destacó que el país no parece contar con una legislación nacional, que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ni con disposiciones sobre el tema en el Código Penal.

Según el análisis, pese a los esfuerzos del Estado para la restitución y revitalización de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes mediante la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay, esos pueblos siguen padeciendo discriminación estructural como lo reflejan los índices de pobreza y la precariedad, exclusión y violencia que enfrentan constantemente.

“El Comité reitera su preocupación sobre la falta de protección explícita y reconocimiento legal de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte. Además, el Comité está seriamente preocupado por los reportes que dan cuenta de una regresión por el Estado parte en la protección y respeto de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Para remediar esta situación, instó a Nicaragua a adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para eliminar la discriminación estructural que afecta a esas poblaciones.

Derecho a la tierra

Con respecto a los territorios indígenas, exhortó al país a garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos; a avanzar en la demarcación y titulación de esos territorios, y a asegurar el reconocimiento legal y protección jurídica de los mismos.

Al referirse a las denuncias de actos de violencia y atentados contra la vida e integridad física de miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, específicamente en el Territorio Mayangna Sauni As, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, los expertos deploraron no tener información de que esos abusos se hayan investigado y que puedan quedar impunes.

Además, citó las agresiones en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y solicitó al país tomar medidas urgentes para que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados.

Proyectos extractivos

En cuanto al impacto de los proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura sobre los recursos naturales en las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Comité destacó que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial son esenciales para el desarrollo económico sostenible.

La evaluación dio cuenta de las alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin llevar a cabo los procesos de consulta previa, o bien, basados en personas no legitimadas para representar a los pueblos afectados.

El Comité mencionó, concretamente, los casos del proyecto del Gran Canal Interoceánico, el de aguas profundas, en Bluefields, el de conservación de bosques y carbono, y el del BioClima, que afectan al pueblo indígena Rama y a las comunidades afrodescendientes Kriol y Negra Creole Indígena, de Bluefiels.

El Estado debe garantizar los derechos de esos grupos de población, que han sufrido agresiones y atentados, particularmente en el territorio Mayangna Sauni As y en las regiones autónomas de la Costa Caribe, concluye el organismo especializado, que llama a investigar los hechos y enjuiciar a los responsables.

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