Un informe de Naciones Unidas, elaborado por un grupo de expertos de derechos humanos, determinó que el gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad desde el año 2018.
Entre las violaciones se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
El informe, presentado esta semana, asegura que encontró un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, y señala que el gobierno de Nicaragua obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.
Simon agregó que las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral “para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”.
“El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”, indicó.
Una esperanza de justicia
Organizaciones civiles nicaragüenses valoraron el informe como “una esperanza de justicia”.
Olga Valle, de la organización nicaragüense Urnas Abiertas, un observatorio independiente que monitorea procesos electorales, quien estuvo presente durante la presentación del informe, destacó que en el mismo se determinaron los actores involucrados en violaciones a los derechos humanos como “el gobierno de Nicaragua a través de diferentes instituciones”.
Las organizaciones aportaron información, acercando a las víctimas con el grupo de expertos para analizar sus casos.
El hallazgo de la comisión “reafirma lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos venido diciendo y documentando con respecto a la situación de derechos humanos, el cierre del espacio cívico y del espacio democrático”, dijo Valle.
