Ministerio Público: “El delito detrás de la moneda virtual”

Estafas, extorsiones y el pago de homicidios son algunos de los casos.

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La criptomoneda es un tipo de moneda digital.

En el mundo existen alrededor de 8.000 monedas virtuales, entre las más conocidas están el Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether y Binance y son utilizadas como un método de pago, por medio del internet.

El Fiscal adjunto contra el Fraude y el Cibercrimen, Carlos Castro, explicó que este tipo de pago está descentralizado, por lo que no existe una entidad como un Banco Central que regule su uso.

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“Si bien no es un medio de pago autorizado como el colón, solo basta con que las personas estén de acuerdo en tranzar o recibir como pago dicha moneda para que se pueda utilizar”, explicó la autoridad judicial.

El fiscal Castro señaló que, aunque no están reguladas, no quiere decir que estén prohibidas. Sin embargo, las personas que las utilicen deben entender que requieren asumir el riesgo de hacerlo.

Las criptomonedas y el delito 

El fiscal contra el Fraude y el Cibercrimen indicó que, dado que no es necesario recurrir a un banco para la utilización de monedas virtuales, es más difícil rastrearlas y darles trazabilidad, por lo que están siendo utilizadas para la comisión de hechos delictivos.

Castro Sojo dijo que, a nivel internacional se están usando para llevar a cabo estafas, con personas que quieren comprar criptomonedas. Bajo esa modalidad, la persona sospechosa le pide dinero a la víctima y, en ocasiones, las modernas virtuales ofrecidas ni siquiera existen.

“También, se utilizan para pagar a terceros por la comisión de delitos como homicidios; se utilizan para comprar droga, pagar por contenido de explotación sexual de personas menores de edad y adquirir armas”, expuso Castro.

El fiscal también indicó que secuestradores han solicitado pagos por medio de criptomonedas, para liberar a las víctimas.

Aunque el uso de monedas virtuales no está regulado en el país, existe amparo jurídico, ya sea para que se tramite un caso por vía civil (por incumplimiento de contrato), o bien, por medio de sede penal, cuando se está ante un posible delito, por ejemplo, una estafa.

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