El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recibió un espaldarazo jurídico de la Contraloría General de la República (CGR) que podría despejar el camino para adjudicar a la empresa china China Harbour Engineering Company (CHEC) el diseño y construcción del tramo central de la nueva carretera a San Carlos.
Mediante el oficio DCP-0131-2026, emitido el pasado 12 de junio, la División de Contratación Pública concluyó que es jurídicamente posible trasladar un procedimiento de contratación iniciado bajo las normas de un organismo multilateral hacia el régimen de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), siempre que se cumplan una serie de requisitos excepcionales y bajo responsabilidad exclusiva de la Administración.
La consulta fue planteada por el propio MOPT ante las diferencias surgidas entre las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la legislación nacional, particularmente en aspectos relacionados con la conservación de ofertas y la subsanación de requisitos formales.
La resolución de la Contraloría surge en medio del prolongado estancamiento que enfrenta la licitación internacional del tramo central de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada, una obra considerada estratégica para la competitividad de la Región Huetar Norte.
Cambio de ruta para evitar otro fracaso
Según el criterio de la CGR, la Administración puede optar por financiar el contrato con recursos públicos nacionales y adjudicar bajo la legislación costarricense cuando el proceso desarrollado bajo normas multilaterales haya respetado los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia.
Sin embargo, el órgano contralor enfatiza que se trata de una medida “excepcionalísima” y que no puede utilizarse para favorecer a un oferente específico ni para corregir irregularidades del procedimiento.
Entre los requisitos exigidos figuran:
- Demostrar que el procedimiento multilateral es equiparable a una licitación mayor nacional.
- Acreditar que no existe afectación a otros participantes.
- Contar con contenido presupuestario suficiente.
- Obtener la conformidad del organismo financiero internacional.
- Justificar técnicamente que la transición es más beneficiosa para el interés público que reiniciar el concurso.
- Someter posteriormente el contrato al refrendo de la Contraloría.
CHEC aparece como principal beneficiaria
La decisión cobra especial relevancia porque el proceso del tramo central cuenta únicamente con una oferta en análisis, presentada por la empresa china CHEC, la misma compañía que ejecuta desde 2016 la ampliación de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón.
Desde mediados del 2025 trascendió que la propuesta de CHEC era la única que seguía en carrera para desarrollar la sección más compleja de la carretera a San Carlos. El expediente se encontraba bajo revisión del BID para determinar si cumplía con las exigencias del organismo financiero.
Durante los últimos meses, el Gobierno y el BID han mantenido diferencias sobre la evaluación de la oferta y el futuro de la contratación, situación que provocó nuevos atrasos en una obra que acumula décadas de espera.
La interpretación emitida ahora por la Contraloría permitiría al Ejecutivo explorar una alternativa para concluir la adjudicación bajo normativa nacional si logra cumplir todos los requisitos establecidos por el órgano contralor.
Los antecedentes de una carretera marcada por retrasos
La nueva carretera a San Carlos es uno de los proyectos viales más antiguos y polémicos de Costa Rica.
La ruta fue concebida para conectar de manera más rápida la Región Huetar Norte con la Gran Área Metropolitana y reducir significativamente los tiempos de viaje entre Ciudad Quesada y San José.
Actualmente el proyecto está dividido en tres secciones:
- Punta Norte (Florencia-Ciudad Quesada), concluida y en operación desde 2018.
- Tramo Central (Sifón-La Abundancia), de aproximadamente 30 kilómetros, considerado el corazón del proyecto.
- Punta Sur (Sifón-San Miguel de Naranjo), actualmente en proceso de diseño.
El tramo central comenzó a construirse hace más de dos décadas, pero quedó paralizado debido a problemas geológicos, ambientales, financieros y contractuales.
En noviembre de 2024 el MOPT publicó una nueva licitación internacional para diseñar y construir los 29,74 kilómetros faltantes entre Sifón y La Abundancia. El proyecto contempla puentes, pasos a desnivel, estructuras mayores y obras ambientales.
No obstante, durante 2025 y 2026 la adjudicación quedó atrapada entre revisiones técnicas, observaciones del BID y cuestionamientos sobre la oferta presentada, lo que ha impedido emitir la orden de inicio.
Incluso informes recientes han advertido que la falta de adjudicación del tramo central constituye uno de los principales riesgos para completar la nueva carretera a San Carlos dentro de los plazos previstos.
Una decisión que podría definir el futuro de la obra
Si el MOPT logra acreditar las condiciones fijadas por la Contraloría y obtiene la conformidad necesaria para cambiar el régimen de contratación, el Gobierno tendría una vía legal para avanzar hacia la adjudicación de la obra a CHEC.
La decisión marcaría un punto de inflexión para un proyecto que ha sobrevivido a cambios de gobierno, suspensiones de contratos, problemas geológicos, falta de financiamiento y múltiples promesas incumplidas.
Para miles de habitantes de la Zona Norte, la expectativa es que esta vez el tramo central deje de ser una promesa y finalmente se convierta en una realidad.
