La mayoría legislativa del Partido Pueblo Soberano en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público archivó la investigación legislativa que analizaba las presuntas presiones ejercidas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles para favorecer a la empresa mexicana Tradeco durante el proceso de contratación de las obras viales Barranca-Limonal.
La decisión fue tomada por el presidente de la comisión, el diputado oficialista Gonzalo Ramírez, quien argumentó que el plazo legal de la investigación expiró con el cierre de la legislatura anterior y que, en consecuencia, correspondía cerrar definitivamente el expediente.
Sin embargo, la determinación ha provocado críticas de sectores de oposición, que sostienen que el expediente se encontraba prácticamente concluido, pues todas las comparecencias ya se habían realizado y únicamente faltaba la presentación y discusión de los informes finales.
Comparecencias dejaron declaraciones relevantes
Durante varios meses la comisión recibió el testimonio de exjerarcas del Instituto Nacional de Seguros (INS), del Banco Nacional y otros funcionarios vinculados con el caso.
Entre los principales señalamientos figura el testimonio de la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya Esquivel, quien aseguró que el entonces presidente Rodrigo Chaves le solicitó otorgar una garantía de cumplimiento a favor de Tradeco, pese a que existían criterios técnicos y jurídicos que impedían hacerlo.
Según declaró Araya ante los diputados, respondió con un “no rotundo” debido a que la empresa no cumplía los requisitos establecidos. Indicó además que el entonces mandatario insistió diciéndole: “Vea a ver cómo hace para lograrlo”.
Posteriormente, el exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, confirmó ante la comisión que recibió consultas telefónicas relacionadas con el seguro de caución solicitado para la empresa mexicana.
También compareció Alejandro Acón, director corporativo del Banco Nacional, quien relató que en 2023 recibió una llamada del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, junto con la entonces ministra de la Presidencia, Yara Jiménez, para solicitar información relacionada con un seguro de caución para Tradeco.
BID había cuestionado la capacidad de la empresa
Según la investigación legislativa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiador del proyecto Barranca-Limonal, había determinado que Tradeco no contaba con las garantías suficientes para asumir una obra de esa magnitud.
Las comparecencias apuntaban a establecer si posteriormente existieron gestiones desde Casa Presidencial para intentar facilitar la obtención del seguro requerido.
El propio Rodrigo Chaves reconoció públicamente haber sostenido reuniones en Casa Presidencial con Randall Chuken, entonces abogado de Tradeco. El jurista confirmó posteriormente ante la comisión legislativa que participó en al menos seis reuniones relacionadas con el tema.
Oposición cuestiona el cierre del caso
La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, criticó el archivo del expediente al considerar que la investigación podía prorrogarse debido al estado avanzado en que se encontraba.
Según la legisladora, cerrar el caso cuando solo restaban los informes finales impide que el Congreso emita conclusiones políticas sobre hechos que ya habían sido ampliamente documentados mediante comparecencias.
La comisión indicó que, aunque el expediente fue archivado, los documentos y declaraciones podrían servir como base para impulsar una nueva investigación legislativa.
También archivaron investigación sobre Coopeservidores
En la misma sesión, la presidencia de la comisión dispuso además el archivo de la investigación relacionada con el caso Coopeservidores.
Ambas decisiones fortalecen el debate sobre el uso de la mayoría oficialista en las comisiones legislativas para definir el destino de investigaciones de alto interés público.
Un precedente para la fiscalización legislativa
El archivo del expediente ocurre cuando el Congreso ya había invertido meses en la recepción de testimonios y recopilación de prueba documental.
Aunque el cierre del caso no constituye una resolución judicial ni implica determinar responsabilidades penales, sí impide que la Asamblea Legislativa emita un informe político con conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación parlamentaria.
Para diversos sectores de oposición, la decisión refleja cómo una mayoría legislativa puede influir directamente en el alcance del control político sobre actuaciones de altos funcionarios, mientras que el oficialismo sostiene que simplemente se aplicó el vencimiento de los plazos establecidos para la comisión.
