El exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla Otárola, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejando Picado Eduarte, son dos de los cuatro detenidos durante la serie de allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en la mañana de este martes 13 de mayo.
Entre los presuntos delitos que les achacan las autoridades judiciales están Tráfico de influencias, Influencia en contra de la Hacienda Pública y Malversación de fondos.
Las otras personas detenidas son el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos, según las autoridades judiciales.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
“La emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero, lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales”, considera el Ministerio Público.
Para esas mismas autoridades, lo anterior permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones, adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
Cuando se emite una declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR).
Así habrían actuado las personas detenidas
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sostiene que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.
Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
De acuerdo con la FAPTA, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
“A las personas investigadas se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto”, detalla el Poder Judicial en un comunicado.
Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.
Los cuatro imputados detenidos serán llevados al Segundo Circuito Judicial de San José. En el transcurso del día, el Ministerio Público les tomará la declaración indagatoria y posteriormente, valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares.
Fueron 22 los allanamientos realizados en las casas de habitación de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, y de un hombre de apellido González, funcionario de MECO, quien no fue detenido.
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