Un total de 1.309 funcionarios públicos tienen un mes de tiempo para devolver el dinero que recibieron como parte del subsidio denominado “Bono Proteger”.
Así lo determinaron las autoridades del Ministerio de Trabajo, quienes conforme con las obligaciones y regulaciones que impone la normativa de control interno y de probidad en la función pública, revisaron los procedimientos de asignación de ese subsidio.
Como resultado de la revisión, constataron que 1.309 subsidios los gestionaron y se entregaron a personas que se desempeñan en alguna institución pública, lo cual representa un monto aproximado de ¢158 millones, pese a que en el artículo 7, inciso b) del Decreto se excluyó a los funcionarios públicos como posibles beneficiarios.
El Gobierno dice que comprende lo delicado de disponer de dinero provenientes de fondos públicos, como ocurre con el “Bono Proteger”, por lo que determinaron que las sumas recibidas por estos 1.309 funcionarios públicos deben ser devueltas en un plazo de 30 días, con la intención de que estas personas no sean objeto de procesos judiciales.
Para esta devolución se solicitará a las instituciones públicas responder el oficio que se les remitió en noviembre de 2021, para conocer el seguimiento interno que se da en relación con estos casos y los procedimientos disciplinarios instaurados.
Además, el Gobierno les exige a los jerarcas rendir cuentas sobre lo que han hecho para recuperar los fondos.
Con respecto a los casos de personas que recibieron este subsidio económico sin cumplir con los requisitos solicitados, pero que no están dentro del grupo de funcionarios públicos, en el Ministerio de Trabajo indicaron que, están dando seguimiento al proceso que se lleva a cabo en el Órgano de Recuperación.
