La CCSS interpuso un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso-Administrativo para intentar recuperar montos que considera fueron pagados de más a Esquivel cuando ocupó la presidencia ejecutiva, al recibir un salario cercano a ¢7,1 millones mensuales, por encima del tope fijado por ley para altos jerarcas públicos. Ese ajuste se dio luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que el salario de la exjerarca superaba el límite de ¢5,56 millones establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública.
Tras la advertencia de la Contraloría, la CCSS acordó ajustar el salario y gestionar la recuperación de las sumas canceladas de más, incluyendo salario, aguinaldo, salario escolar, cargas sociales y otros rubros relacionados. Al no concretarse ese reintegro por la vía administrativa, la Junta Directiva de la Caja optó por acudir a los tribunales mediante el citado proceso de lesividad, que actualmente se tramita en la jurisdicción contencioso-administrativa.
La contrademanda de Esquivel
En respuesta a esa acción judicial, Marta Esquivel presentó una contrademanda contra la CCSS en la que reclama al menos ¢119 millones vinculados a la disputa por el salario que devengó al frente de la institución, monto que se relaciona con lo que considera le corresponde por sus funciones y condiciones laborales. La exjerarca sostiene que su remuneración obedeció a un reconocimiento de la magnitud de las responsabilidades del cargo y no a un sobresueldo irregular, por lo que busca que el tribunal le dé la razón en cuanto a la legalidad del salario y las sumas asociadas.
La acción plantea un pulso jurídico en dos vías: mientras la Caja procura que se declare la nulidad del acto que fijó su salario y se habilite la recuperación de los montos que califica como pagados indebidamente, Esquivel pretende que se reconozca que la institución no solo no puede exigirle la devolución, sino que además le adeuda recursos. El expediente de lesividad se tramita en el Tribunal Contencioso-Administrativo y, de momento, la CCSS ha señalado que aún no existe una resolución firme que habilite un eventual cobro administrativo, por lo que ambas pretensiones seguirán discutiéndose en sede judicial.
Arista política y antecedentes
El caso adquiere un componente político adicional, pues Esquivel es actualmente candidata a diputada por Heredia con el partido Pueblo Soberano para el periodo 2026-2030, fuerza vinculada al chavismo en el debate público nacional. La controversia por los sobresueldos se suma a otras causas y cuestionamientos que han rodeado su paso por la presidencia ejecutiva de la Caja, incluidos procesos penales abiertos en la Fiscalía por presuntas irregularidades en la gestión de la institución.
En este escenario, el desenlace del litigio entre Esquivel y la CCSS no solo tendrá efectos económicos para las partes, sino también implicaciones en la discusión pública sobre los controles al salario de los altos jerarcas y el manejo de recursos en la seguridad social costarricense. El caso continuará bajo conocimiento del Tribunal Contencioso-Administrativo, mientras tanto la Caja mantiene su intención de recuperar lo que considera un sobresueldo y la exjerarca defiende, en sentido contrario, sus derechos laborales mediante la contrademanda millonari
