Más de 10.000 denuncias y quejas relacionadas con agresiones ambientales fueron atendidas el año pasado, en todo el país, por los ministerios de Seguridad y Ambiente, así como en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Específicamente, a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental ingresaron un total de 2.358 denuncias por presuntos delitos contra la naturaleza. De todos esos incidentes, más del 90% tiene relación con la pérdida de la biodiversidad por acciones humanas.
El Ministerio Público detalló que 567 denuncias correspondieron a tala en área de protección; 432 al ilícito de invasión de área de protección y 219 al de infracción a la Ley Forestal.
“Hay mucha criminalidad organizada en los delitos ambientales”, señaló el Fiscal General, Carlo Díaz. El jerarca agregó que esa delincuencia conlleva esfuerzos de cooperación internacional porque se trata de un crimen que se presenta a nivel nacional y también fuera de nuestras fronteras.
“Bajo esta perspectiva, es un reto trabajar en la educación ambiental y en la participación ciudadana y decirle a la población que la necesitamos, porque esta es una lucha conjunta y debemos unir esfuerzos”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
El Ministerio de Ambiente reitera que, el daño al ambiente afecta las bases de la existencia de la sociedad y constituye un delito de carácter económico, también.
“Económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas y pone en peligro la forma de vida de las comunidades”, indicaron en el MINAE.
Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que, desde la creación de la Sección Especializada contra Delitos Ambientales, en abril del 2022, han recibido 498 denuncias y ejecutado 87 operativos.
Además, los agentes de la policía judicial decomisaron el año pasado 534 animales silvestres y 43 piezas arqueológicas.
