El pasado mayo, el Gobierno Central anunció la presentación de un proyecto de Ley para eliminar el uso de billetes y monedas como método de pago en los servicios públicos que brindan instituciones como la Municipalidad de San Carlos.
En la presentación de esta iniciativa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, destacó que las transacciones electrónicas ganan terreno en el territorio nacional, de una forma eficiente, rápida y segura.
Pero, en el caso local, los regidores ven con cautela dicho proyecto debido a la nula conectividad que tienen muchas comunidades de San Carlos y así quedó evidenciado en el análisis de la consulta planteada por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa al Concejo Municipal.
La regidora Diana Corrales, si bien reconoce que el pago electrónico de servicios es un paso que la Municipalidad de San Carlos debe dar, señala que la realidad es que ni el cantón ni toda su gente cuentan con los instrumentos tecnológicos necesarios para poner aquí en marcha dicha propuesta.
“Vivimos en un cantón que sigue teniendo muy buena parte de la población todavía sin acceso a conectividad de ningún tipo, no tienen acceso ni a señal de teléfono ni a señal de Internet”, señaló Corrales.
Es que, de ser aprobada por los diputados, la nueva Ley instruiría a las instituciones públicas para que establezcan un cambio hacia la digitalización en el pago de agua, basura y pasajes de bus, entre otros servicios públicos.
Sin embargo, la ausente o deficiente conectividad en las comunidades más rurales de San Carlos impide a las personas hasta realizar un Sinpe
“Y tampoco pueden hacer un Sinpe porque no tienen señal de Internet y, por ende, tampoco pueden utilizar aplicaciones móviles porque no pueden hacer una transferencia porque no hay señal de Internet y no tienen como conectarse”, insistió la joven política.
Frente a este escenario, la mayoría de regidores coincide en que el espíritu del proyecto es positivo, pero, que aplicarlo al pago de los servicios públicos municipales en este cantón sería perjudicial para un amplio sector de la población sancarleña que no tiene acceso a Internet y así lo harán saber a los diputados.
El proyecto de Ley 23.747, que reforma al artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, permanece en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
