SAN SALVADOR – El más pequeño de los Sandoval tiene anemia profunda, una condición que comparte con su prima de tres años y que es común encontrar entre los niños de la zona rural de Ahuachapán, departamento en el occidente de El Salvador.
Desde hace cinco meses, la niña de 3 años se despierta por las noches llorando y llamando a quien considera su papá: su abuelo José Alfonso Sandoval.
Los Sandoval ven en ese llanto una de las secuelas que experimentan los 12 niños de la familia que han quedado bajo custodia de tías y abuelas, luego que sus padres o madres fueran detenidos la madrugada del 23 de mayo, acusados de pertenecer a pandillas.
Esas y otras 55.062 detenciones han ocurrido durante en un régimen de excepción vigente en El Salvador desde hace siete meses y cuyo propósito es encarcelar a 70.000 pandilleros o colaboradores de pandillas responsables o cómplices de la última ola de violencia ocurrida a finales de marzo de este año, la cual dejó 88 homicidios en un fin de semana.
La organización no gubernamental Tutela Legal “María Julia Hernández”, que ha apoyado el caso de la familia Sandoval, ha denunciado lo que considera uno de los efectos más lamentables y desconocidos del régimen de excepción: los menores de edad que han sido alejados de sus padres luego de que estos fueran detenidos acusados de pertenecer a pandillas.
Entre los niños que han quedado bajo el cuidado del resto de la familia Sandoval está el hijo de Elsa Sandoval García, una madre soltera que solía cultivar un huerto con el que proveía vegetales y hortalizas a los niños más pobres de su comunidad.
El hijo de Sandoval García fue testigo de cómo un grupo de policías detuvo a su abuelo José Alfonso, a sus tíos Manuel de Jesús Ramírez y Hugo Ernesto Sandoval, y a su primo Hugo Edgardo Sandoval, mientras se dirigían con sus herramientas de trabajo agrícola hacia una de las fincas que cuidaban en el municipio de Tacuba, Ahuachapán.
El niño de nueve años también fue testigo de cómo los policías se llevaban a su madre. Tras protestar con gritos y llantos, también fue amenazado con acompañarla a la prisión.
Esos testimonios fueron relatados a la Voz de América por un familiar de los 12 niños, identificada solo como E. Sandoval. La mujer recurrió al habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional en San Salvador, con lo que pretende conseguir que sus familiares sean liberados, pero hasta la fecha los recursos no han sido admitidos.
Alejandro Díaz Gómez, abogado del área jurídica de Tutela Legal, dijo que a estos niños “les están vulnerando el derecho a la vida, a la integridad, a la salud y a la educación”, pese a que El Salvador es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que además existen instituciones estatales en El Salvador que deben velar porque se respeten estos derechos y los establecidos en las leyes locales.
Cristosal, una organización no gubernamental con sede en San Salvador y que vela por los derechos humanos, publicó en su cuarto informe sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador que, de 2.928 casos que lleva de personas afectadas por posibles violaciones a sus derechos durante el régimen de excepción, el 1,2 % son menores de edad de entre 12 y 17 años, cuyos familiares fueron arrestados.
La organización Amate, una oenegé de derechos humanos con enfoque feminista, atendió a 37 víctimas, de las que 2,7 % tiene entre 12 y 17 años.
El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) registra 444 víctimas, de las que el 3,4 % corresponde a ese rango de edad. El Servicio Social Pasionista registra 132 víctimas de las que el 3% tiene entre 12 y 17 años, y advierte que hay “25 casos donde menores de edad han quedado a cargo de otros familiares”.
El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América. Tampoco respondió a través de la coordinación de prensa internacional.
