La Ley contra la Usura volvió al centro del debate político y económico costarricense después de que la presidenta Laura Fernández retomara sus cuestionamientos contra la legislación y defendiera la necesidad de modificarla. La mandataria ha sostenido desde la campaña electoral que la normativa aprobada en 2020 terminó dejando a personas fuera del sistema financiero formal y favoreciendo el crecimiento de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
Frente a esa posición, el economista y exdiputado Welmer Ramos, uno de los principales impulsores de la Ley N.° 9859, ha respondido que atribuir a la legislación el origen del “gota a gota” constituye una interpretación incompleta del problema. Ramos sostiene que estos préstamos informales ya constituían un problema antes de la entrada en vigencia de la ley y que el verdadero cambio producido por la legislación fue establecer un límite objetivo para determinar cuándo un interés podía considerarse usurario.
El punto que cambia la discusión: antes no existía un parámetro legal objetivo
Uno de los argumentos más importantes para entender la Ley contra la Usura es jurídico. La Procuraduría General de la República señaló que Costa Rica ya tenía tipificado el delito de usura desde décadas atrás, pero que antes de la Ley N.° 9859 no existía un parámetro legal que permitiera determinar objetivamente cuándo una tasa de interés constituía usura y aplicar efectivamente ese delito.
La Ley N.° 9859, aprobada el 16 de junio de 2020, modificó la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para establecer límites máximos a las tasas de interés de las operaciones financieras, comerciales y microcréditos. Además, facultó a la Comisión Nacional del Consumidor para denunciar ante la vía penal posibles casos de usura y estableció responsabilidades para quienes decidieran cobrar por encima de los límites establecidos.
Esto significa que la discusión no puede reducirse a si la ley “permitió” o “prohibió” cobrar intereses elevados. Su importancia jurídica radica en que estableció una referencia cuantificable para separar el costo legítimo del crédito de una tasa considerada legalmente abusiva. La propia Sala Constitucional había advertido la necesidad de que existiera un parámetro técnico para determinar cuándo un interés dejaba de representar una ganancia legítima y podía convertirse en una forma de explotación.
¿Cuánto se podía cobrar antes?
El debate adquiere mayor dimensión cuando se observan las tasas que existían antes de la aprobación de la normativa. Welmer Ramos ha señalado que en Costa Rica llegaron a registrarse tasas de hasta 210% anual y que existían operaciones con tasas superiores al 62%. La Universidad Nacional también documentó que la Ley de Usura permitió reducir las tasas de interés tanto en créditos personales como en tarjetas, y citó estimaciones de especialistas según las cuales la disminución promedio rondó los diez puntos porcentuales después de su implementación.
En términos prácticos, la ley modificó una relación de poder en la que el consumidor podía encontrarse frente a entidades financieras o prestamistas con capacidad para establecer condiciones crediticias extremadamente onerosas. La regulación no eliminó el riesgo crediticio ni garantizó que cualquier persona pudiera obtener un préstamo, pero sí puso un techo legal al precio que podía cobrarse por el dinero.
El límite no significa que Costa Rica tenga tasas bajas
Otro elemento que debería formar parte del debate es que el actual límite de usura tampoco representa tasas bajas. Para el segundo semestre de 2026, el Banco Central estableció una tasa máxima de 36,48% anual para créditos en colones, excluyendo microcréditos, y de 30,11% para créditos en dólares. En microcréditos, los máximos son todavía superiores: 51,51% en colones y 42,65% en dólares.
El cálculo no es arbitrario. La Ley establece una metodología que utiliza información sobre las tasas activas negociadas en el sistema financiero y agrega márgenes determinados por la propia legislación. El Banco Central actualiza los topes dos veces al año, en enero y julio.
Por eso, presentar el debate únicamente como una discusión entre “crédito accesible” y “restricción del crédito” deja fuera una pregunta fundamental: ¿cuánto puede cobrar legítimamente una entidad financiera por asumir un riesgo sin convertir ese riesgo en una carga desproporcionada para el consumidor?
El argumento del “gota a gota”
El Gobierno sostiene que la regulación de las tasas contribuyó a que determinadas personas quedaran fuera del sistema financiero y terminaran recurriendo al crédito informal. Fernández ha utilizado precisamente este argumento para defender una reforma de la Ley de Usura. En mayo pasado, por ejemplo, confirmó que el Gobierno preparaba un texto para modificar la legislación y afirmó que el modelo vigente había contribuido al crecimiento del financiamiento ilegal y del “gota a gota”.
Existe, sin embargo, un dato que obliga a matizar esa explicación: los préstamos “gota a gota” no aparecieron después de la Ley de Usura. El Poder Judicial documentó investigaciones sobre esta modalidad y el OIJ ya registraba casos antes de la entrada en vigencia de la normativa. Un recuento citado por la propia Corte señaló 689 denuncias entre enero de 2020 y setiembre de 2022, mientras investigaciones periodísticas han documentado antecedentes del fenómeno desde años anteriores.
El problema del “gota a gota”, además, no consiste únicamente en cobrar intereses elevados. Las autoridades han documentado casos en los que el cobro se transforma en amenazas, agresiones, extorsión e incluso homicidios. En 2024 Costa Rica aprobó la Ley N.° 10.471, que incorporó al Código Penal el delito de extorsión cobratoria relacionado con esta modalidad.
Más recientemente, el Poder Ejecutivo declaró de interés público las acciones para combatir la expansión de estos préstamos y reconoció que existen vínculos entre determinadas redes de “gota a gota”, lavado de dinero y narcotráfico.
Ramos: “La ley no creó el problema, estableció un límite”
La defensa de Ramos parte de una premisa diferente. Para el exdiputado, responsabilizar a la Ley de Usura por la existencia del “gota a gota” confunde dos problemas distintos: el acceso al crédito formal y el abuso financiero.
Su argumento es que permitir nuevamente tasas muy elevadas no necesariamente resolvería la exclusión financiera. Una persona que recibe un crédito con una tasa excesiva puede obtener formalmente el dinero, pero terminar en una situación de sobreendeudamiento que finalmente la expulse del propio sistema financiero.
En un análisis publicado en 2026, Ramos sostiene que el crédito de consumo no se contrajo durante la vigencia de la Ley de Usura y que, entre 2019 y 2025, el crédito de consumo aumentó 23%. También argumenta que los procesos de cobro judicial disminuyeron. Estas cifras son parte de la argumentación de Ramos y deben contrastarse con las estadísticas oficiales antes de utilizarlas como prueba definitiva de causalidad.
El Poder Judicial, por su parte, reportó que en 2024 se dictaron 205.647 resoluciones en materia de cobro judicial, frente a 206.629 en 2023, una reducción de 982 resoluciones, equivalente al 0,5%. Ese dato muestra una disminución interanual, aunque por sí solo no permite atribuir causalmente ese comportamiento a la Ley de Usura.
La pregunta que debería hacerse el país
La discusión sobre una eventual reforma puede ser legítima. Es posible analizar si los topes actuales son adecuados, si existen segmentos de población que requieren mecanismos especiales de acceso al crédito y si el sistema financiero puede ofrecer productos para personas consideradas de mayor riesgo sin recurrir a tasas abusivas.
Pero reformar la Ley de Usura no debería significar regresar a un escenario en el que prácticamente cualquier tasa pueda ser cobrada bajo el argumento de que el consumidor “aceptó” las condiciones.
El problema es que en una relación crediticia no siempre existe una negociación entre iguales. Una persona que necesita dinero para pagar una emergencia médica, resolver una necesidad familiar, sostener un pequeño negocio o enfrentar una crisis económica puede aceptar condiciones que, desde una posición de necesidad, difícilmente pueden considerarse una negociación equilibrada.
Precisamente por eso la protección al consumidor financiero existe. La Ley N.° 9859 no solamente estableció un techo para las tasas: incorporó obligaciones de transparencia, control sobre cláusulas abusivas y mecanismos para trasladar posibles casos de usura a la vía penal.
No se trata de escoger entre crédito o regulación
El verdadero desafío para Costa Rica podría estar en encontrar una tercera vía: más acceso al crédito, pero sin regresar a las tasas desproporcionadas que existían antes de 2020.
La experiencia del “gota a gota” demuestra que existe una demanda de financiamiento que el sistema formal no siempre logra atender. Pero también demuestra los peligros de dejar esa necesidad exclusivamente en manos de prestamistas que operan fuera de la regulación y que, en determinados casos, utilizan mecanismos de extorsión y violencia.
Por eso, una eventual reforma debería responder varias preguntas antes de modificar los límites: ¿qué sectores están quedando excluidos?, ¿por qué son rechazados por las entidades financieras?, ¿qué tasas serían necesarias para atenderlos?, ¿qué porcentaje de esas tasas corresponde realmente al riesgo y qué porcentaje representa margen financiero?, ¿cómo evitar que una mayor flexibilidad termine trasladando nuevamente el costo de la morosidad a los consumidores más vulnerables?
La Ley de Usura nació precisamente porque Costa Rica había llegado a un punto en el que hablar de intereses abusivos sin establecer un parámetro objetivo dejaba al consumidor en una posición de enorme vulnerabilidad. La Procuraduría General de la República reconoce que antes de la Ley N.° 9859 no existía ese parámetro legal.
Por eso, el debate actual no debería plantearse simplemente como “Ley de Usura sí o no”. La discusión de fondo es si Costa Rica quiere ampliar el acceso al crédito abriendo nuevamente la puerta a tasas desproporcionadas o si puede construir un sistema que combine inclusión financiera, competencia, responsabilidad crediticia y protección efectiva del consumidor.
